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Reportaje
nada para ayudar a una solu- ción negociada, algo que ya es realmente difícil”, dijo Ro- berta Jacobson, quien se de- sempeñó como la principal diplomática del Departamento de Estado para América La- tina hasta 2018.
Maduro, un exconductor de autobús de 57 años, se pre-
senta a sí mismo como un ícono de la izquierda latinoa- mericana. Durante mucho tiempo acusó al “imperio” es- tadounidense de buscar cual- quier excusa para tomar el control de las mayores reser- vas de petróleo del mundo, comparando las gestiones ac- tuales estadounidenses con la invasión de Panamá en 1989
y la expulsión del general Ma- nuel Noriega para enfrentar cargos de narcotráfico en Flo- rida.
Barr y Elliott Abrams, enviado especial del Departamento de Estado para Venezuela, están a favor de adoptar una línea dura contra Maduro de igual manera que hicieron en la dé- cada de 1980 contra Noriega, cuando Barr era funcionario del Departamento de Justicia y Abrams era subsecretario de Estado para asuntos lati- noamericanos.
Funcionarios estadouniden- ses ven otras analogías. Al igual que en ese entonces Es- tados Unidos acusaba a No- riega, ahora la administración de Trump acusa a Maduro y a sus comandantes militares de alojar a narcotraficantes, gue- rrilleros colombianos e incluso al grupo guerrillero libanés Hezbollah.
La administración acusa tam- bién a funcionarios del go- bierno de Maduro y a empresarios influyentes de ro- barse miles de millones de dólares de las arcas públicas, particularmente dinero de la empresa petrolera PDVSA, cuya producción se ha des- plomado a un nivel no visto en
siete décadas.
Aun así, no será fácil iniciar un proceso contra Maduro pues por lo general los líderes nacionales, según leyes esta- dounidenses y el derecho in- ternacional, son inmunes a procesos penales.
Sin embargo, Estados Unidos es uno de 60 países que no consideran a Maduro el líder legítimo de Venezuela aunque ejerza el poder de facto. Re- conocen en ese cargo a Guaidó, titular de la Asamblea Nacional, pues consideran que la reelección de Maduro fue ilegítima.
Las evidencias contra Maduro fueron recabadas durante años por investigadores en Miami, Nueva York, Houston y Washington que han acusado a funcionarios, militares y em- presarios venezolanos de so- borno y lavado de dinero.
Gran parte de las pesquisas se han centrado en PDVSA, fuente de casi todos los ingre- sos por exportación que en- tran a Venezuela. El año pasado el gobierno estadouni- dense impuso sanciones con- tra PDVSA según las cuales ningún ciudadano estadouni- dense puede hacer negocios
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