Page 7 - MONTT LATIN AMERICAN MAGAZINE, ENERO 2019 (Español)

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Intensa actividad se observó en el Congreso y en el Palacio de Gobierno, a pocos días del inicio del receso legislativo con motivo de las vacaciones de verano, en un mes que fue clave para tramitar reformas y proyectos con impacto en la economía. Por de pronto, el Presidente de la República promulgó la nueva ley que reforma la legislación bancaria nacional.
Dos son los aspectos más relevantes de la iniciativa: el cambio en el gobierno corporativo de la entidad reguladora, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), y los nuevos requerimientos normativos para las entidades bancarias.
Detalles de la Ley de Bancos
Respecto de lo primero, la Superintendencia que actualmente es dirigida por una persona, será traspasada y subordinada a una Comisión para el Mercado Financiero(CMF), conducida por un Consejo, integrado por cinco comisionados. El beneficio es la toma de decisiones colegiadas, la estandarización de normas, y la aplicación de mejores prácticas.
El segundo aspecto de importancia es equiparar a las entidades financieras chilenas con las disposiciones vigentes a nivel internacional de Basilea III, una iniciativa aprobada en 2011 por la Comisión Europea, que representa la mayor reforma de la normativa bancaria de la Unión Europea en su historia. En ese sentido la ley cambia la relación entre el patrimonio efectivo de los bancos —capital con algunas deducciones y agregados— y sus activos ponderados por el riesgo de crédito del actual ocho por ciento, al 10,5 por ciento, en un período de cuatro años. Se añaden otros requerimientos que incrementan la base anterior: el capital contracíclico, que variará de entre un 0 por ciento y un 2,5 por ciento; el capital exigido para bancos con importancia sistémica, con rangos entre uno por ciento y un 3,5 por ciento y, por último, el capital como resultado del proceso de supervisión, que tiene un tope de un cuatro por ciento.
La nueva ley tiene varios objetivos: reducir la opción de quiebra de los bancos, mejorar los estándares en ciberseguridad, favorecer el acceso a créditos para las pymes y fijar un nuevo sistema de fiscalización a los bancos, entre otros.
Al promulgar la nueva ley, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, explicó que “permitirá que nuestro sistema financiero salga al mundo a captar recursos o a realizar sus operaciones con la garantía de ser un sistema totalmente actualizado según las normas que establece la más moderna y exigente legislación en esta materia”.
La disposición se pudo promulgar, luego que el Tribunal Constitucional dictara sentencia respecto al proyecto de ley, porque existían algunos aspectos dudosos. El tema más debatido durante su tramitación fue uno introducido por el Gobierno de Michelle Bachelet que debilitaba la figura del secreto y reserva bancaria. Tras ardua lucha en el Senado se logró reducir la
vulnerabilidad de los usuarios del banco respecto de ese punto, pero fue el Tribunal Constitucional el organismo que declaró inconstitucional la omisión de notificación por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII) al titular de la cuenta, aun cuando la información que se llegara a requerir sea urgente o pueda dañar el curso de una investigación.
La decisión del Tribunal Constitucional fue que las normas aprobadas por el Congreso no respetaban el debido proceso garantizado por el artículo 19 No3 de la Carta Fundamental, al impedir la defensa jurídica del contribuyente, ya que se le negaba en la práctica el requerimiento de información dispuesto en su contra. Asimismo, al debilitar el secreto bancario se atentaba contra la protección de la vida privada y los datos personales que garantiza el artículo 19 No4.
Negociación por Reforma Tributaria
Por otra parte, el Presidente Piñera también promulgó la ley que exige a las empresas y entidades del Estado pagar a sus proveedores en 30 días, que entrará en pleno vigor en 25 meses. A esta disposición se agregó la aprobación por parte del Congreso de la iniciativa del Gobierno que modificó las normas para la incorporación de los trabajadores independientes a los regímenes de protección social y el proyecto para masificar la firma electrónica.
Respecto de la Reforma Tributaria, se reactivó la discusión luego de que parte de la oposición entregara una serie de condiciones bajo las cuales estarían sus votos disponibles, al menos para aprobar la idea de legislar, pero ya en marzo. Entre los temas exigidos figuran incrementar la tasa de impuestos a las personas en el último tramo, de un 35 por ciento a un 40 por ciento; resguardar la recaudación tributaria; mantener la progresividad del sistema impositivo y no desmantelar la capacidad fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos (SII). No hubo consenso sobre el tema en el oficialismo, por el peligro de afectar el “corazón” de la reforma que es la integración del sistema.
Sobre la Reforma Laboral, el Presidente Sebastián Piñera recibió un documento final de la mesa técnica compuesta por 12 expertos, que propuso un sistema opcional de indemnización a los empleados a todo evento y regular los grupos negociadores. Aunque en el Ejecutivo ya cuentan con un borrador de la Reforma, el texto será afinado una vez que el Mandatario defina cómo abordará los nudos de la iniciativa. Entre éstos, los derechos de los trabajadores que se unen para negociar al margen de un sindicato; la regulación específica en materia de huelga en el marco de la negociación colectiva y los beneficios que entregará el nuevo régimen optativo de indemnización, lo que incide directamente en los costos de las empresas.
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