Page 9 - MONTT LATIN AMERICAN MAGAZINE, ENERO 2019 (Español)

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Video• El Costo de la Corrupción
En el Canal de TV del diario argentino La Nación, entrevista a Ariel Coremberg, economista y profesor de Crecimiento Económico en la UBA. Según su cálculo, los sobornos durante la última década equivalen a US$ 36 mil millones de dólares.
El Gobierno argentino trabaja en la redacción de un proyecto de ley que reformará, de manera drástica, la Oficina Anticorrupción, con el objeto de darle mayor autonomía y estructurar un plan quinquenal para combatir ese flagelo, con acciones para prevenir, investigar y sancionar las faltas éticas en el Poder Ejecutivo, entre otras medidas. Esta tarea se incorporará dentro de una amplia iniciativa que modificará la Ley de Ética Pública y de Lavado de Activos.
Demandas del FMI
La iniciativa, que el Ejecutivo presentará en febrero próximo al Congreso, fue impulsada, en gran medida, por las observaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que, junto con monitorear la evolución de la economía, advirtió al Gobierno que resta trabajo por hacer “en la lucha contra la corrupción” y pidió que, a raíz de la “causa de los Cuadernos K”,—ocho cuadernos que dan cuenta de una enorme red de coimas durante la era Kirchner— se apruebe una ley para congelar los bienes que provengan de gestiones ilegales, confiscar activos vinculados a ellas y establecer acuerdos de reciprocidad con otras jurisdicciones extranjeras, para mejorar la gobernabilidad de Argentina.
El FMI resalta que la causa de los Cuadernos K, generó una serie de medidas por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) que “identificó y rastreó un considerable número de activos, como cuentas de bancos, propiedades inmobiliarias y personales fuera de Argentina que pertenecen a muchos de los individuos que confesaron haber pagado sobornos a funcionarios”, pero agrega el organismo internacional, “falta mucho por hacer”, como despachar leyes puntuales y asociarse al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental, que vigila que los países ajusten sus normas para combatir contra el lavado de activos.
El otro punto que reclama el FMI es que el Gobierno haga “esfuerzos adicionales” y tome las “medidas necesarias” para que sea efectivo el Registro Público de Sociedades. Una de las demandas es que se extienda a las provincias más grandes, donde la mayoría de las empresas se encuentran inscritas.
Reforma al Código Penal
Lo anterior se complementará con la modificación del Código Penal que data de 1921 y que sufrió 700 cambios con el paso de los años. El proyecto de reforma fue elaborado por la Comisión correspondiente del Poder Legislativo, que concluyó su trabajo en junio del 2018, luego de 70 reuniones plenarias. Será presentado por el Presidente Macri en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación en el mes de marzo próximo.
La iniciativa amplía la jurisdicción de la justicia argentina para investigar los delitos de corrupción, ya que se introduce el principio de nacionalidad activa y pasiva, según recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) , cuando se trate de delitos posibles de extradición. Se mantiene la figura del colaborador eficaz (o arrepentido) para los delitos de narcotráfico, aduaneros, terrorismo, corrupción de menores, privaciones ilegales de la libertad agravadas, trata de personas, soborno trasnacional, asociación ilícita y corrupción.
Se prevé un aumento sustancial de las escalas penales respecto de ese último delito, en especial, por cohecho, tanto pasivo como activo, soborno trasnacional, enriquecimiento ilícito, con escalas penales que van de cuatro a 12 años de prisión efectiva.
Al mismo tiempo, se amplía el sujeto activo de enriquecimiento ilícito — actualmente es sólo para funcionarios públicos— a todos aquellos obligados por ley a presentar declaraciones
juradas patrimoniales, como son, por ejemplo, los titulares de obras sociales y entidades afines. En cumplimiento de las pautas establecidas por el GAFI, se mantiene la tipificación del delito de lavado de activos con penas de tres a 10 años de prisión y se contempla el agravante en el caso de que se encuentre involucrado un funcionario público, lo que se traduce en una pena mayor, de cuatro años y seis meses a 13 años y cuatro meses de prisión, para todos los responsables.
Se incorporan nuevos delitos informáticos: robo y hurto, daño informático, fraude, acceso ilegal a datos y “porno venganza”.
Financiamiento de Partidos Políticos
Asimismo, se informó que la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, que preparó el Ejecutivo y que envió en diciembre último al Congreso, no alcanzó a iniciar su tramitación por falta de acuerdo. Mientras se rechace la idea de legislar, la norma vigente será la de 2009 que les permite a los candidatos autofinanciarse por el monto que consideren y aceptar erogaciones voluntarias de empresas y de anónimos. La ley argentina prohíbe cualquier tipo de propaganda antes de los 30 días previos a la cita electoral, pero nadie lo cumple. Como las empresas no pueden donar fondos, lo hacen sus altos directivos a título individual. Aunque la legislación autoriza las entregas de dinero, por la vía bancaria, más del 90 por ciento de las contribuciones declaradas se hacen en efectivo, lo que impide conocer su legalidad. La mayor parte de los recursos que solventan la actividad de los partidos y las campañas provienen de fuentes anónimas y del abuso de recursos públicos con fines partidistas.
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