Page 19 - MONTT LATINAMERICAN MAGAZINE, FEBRERO 2019 (Español)

El Gobierno del Presidente Iván Duque acaba de proponerle al Congreso un proyecto de ley mediante el cual se establece un Plan Nacional de Desarrollo denominado “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, una especie de hoja de ruta del Mandatario de aquí a 2022. Esta propuesta contempla entregarle facultades especiales al Presidente de la República para que pueda adelantar la supresión o creación de entidades y cargos en el Estado. También posibilita la centralización de los recursos y entrega facultades adicionales al Ejecutivo para disponer del manejo de dinero, que de acuerdo al Plan Plurianual de Inversiones (PPI), que ascendería inicialmente a $1.100 billones, de los cuales más de $520 billones, cerca del 50 por ciento, estarán dirigidos a programas y políticas para el logro de la equidad social.
Surgen las Críticas
Observadores opinan que la apro- bación de la Ley de Financiamiento resultó insuficiente para el Estado colombiano y que ahora, a través del Plan Nacional de Desarrollo, se quiere intervenir en los recursos pre- vistos para otros objetivos.
Desde el primer momento de
la presentación del proyecto empezaron a llover las críticas y denuncias que cuestionaron varios de los articulados.
Uno de los primeros puntos fue la plata para la paz que no aparece en ningua parte. Además, se argumenta que los recursos que hay para ese propósito ($37 billones) tampoco son adicionales, como debería ser, sino que están repartidos a lo largo de los ejes temáticos, llamados “pactos” en todo el documento. En ese mismo sentido, las metas en asuntos como pobreza, educación, salud, política para juventudes, tercera edad y otros, que serían parte del objetivo del Acuerdo de Paz, son muy bajos.
Eliminan Subsidios
Fuera del tema de la paz, se cuentan la propuesta de aumentar la cotización de seguridad social a los trabajadores independientes o a quienes laboran por cuenta propia. La intención es que la base de la población que recibe por lo menos un salario mínimo pase del 40 al 55 por ciento en su aporte.
En ese grupo de medidas que podría afectar a las familias de la clase media está la eliminación de subsidios de energía, en determinados tramos, algo que el Gobierno había
prometidomantener. Por otra parte, hay críticas a la intención de modificar las tarifas al impuesto de licores. La semana pasada, los gobernadores del país, agrupados en la Federación Nacional de Departamentos, protestaron porque el cambio podría afectar la inversión en salud, educación y deportes, que llega en gran parte por los tributos que son cobrados a las bebidas alcohólicas. En pocas palabras, se buscará modificar la Ley N° 1.816 de 2016, imponiendo una tarifa única por grado de alcohol para los licores y aperitivos y otra para vinos “Lo anterior constituye una iniciativa que busca la igualdad, pero sacrificando claramente la equidad que debe prevalecer en el sistema tributario de los colombianos”, dice Fedepartamentos. Los expertos sostiene que con esto se pondrán a prueba la gobernabilidad del Presidente Iván Duque, en lo que sería un nuevo round entre el Ejecutivo y el Legislativo, que ya ha estado marcado por fuertes debates, como la reforma política, los proyectos anticorrupción y la reciente Ley de Financiamiento.
Montt Latin American Magazine p19