Page 3 - MONTT LATINAMERICAN MAGAZINE, FEBRERO 2019 (Español)

-Editorial-
Rezagada por insuficiente está quedando la sola dimensión jurídica de las estrategias regulatorias y de política económica para atraer la tan necesaria inversión extranjera, de modo de impulsar millonarios proyectos mineros en Latinoamérica, sin los cuales el crecimiento de las economías regionales en varios de nuestros países no habría logrado los niveles alcanzados.
Las naciones de la región, especialmente las de la Alianza del Pacífico, de una manera sucesiva, llevaron a cabo una gran tarea, al punto que reordenaron el marco jurídico de tal forma que a partir de los años 90 el interés foráneo se volcó hacia estos territorios. Esos recursos de capital desarrollaron relevantes proyectos extractivos que hoy día dinamizan las economías, ofreciendo impuestos y royalties para sus habitantes, quienes, gracias a esos gravámenes, tienen en el presente mejores niveles de salud y educación.
Pero la naturaleza del negocio minero es compleja y hoy día no basta con ese trabajo jurídico realizado varias décadas atrás y perfeccionado en el tiempo; en la actualidad, hay que resolver nuevos conflictos y dificultades de otra dimensión, que si no se abordan y solucionan harán peligrar el desarrollo y el progreso en este gravitante sector de la economía.
El éxito o el fracaso de un proyecto ya no radica sólo en la captación con beneficios regulatorios de una inversión extranjera, sino que en garantizar una producción sustentable y en prevenir potenciales conflictos sociales. Enfrentar divergencias comunitarias puede ser más complicado que resolver un problema regulatorio o incluso técnico, porque no hacerlo o hacerlo mal puede equivaler a perder una suerte de “licencia social tácita” para operar, como ya le ha ocurrido a muchos.
Esto es fundamental, dado que a causa de la contaminación de los recursos naturales, a la pérdida o escasez de agua para beber o agrícola o, por simples problemas con la propiedad de la tierra superficial, un proyecto millonario puede llegar a suspenderse y cancelarse definitivamente.
Todavía los canales de la resolución de conflictos entre el Estado, las comunidades y las empresas para estas dimensiones no estrictamente regulatorias no están lo suficientemente maduros para evitar enfrentamientos. De hecho, en Perú entre los años 2009 y 2015, en dos de cada tres disputas se llegó al diálogo después de estallidos de violencia. Poco a poco los Estados en nuestra Alianza del Pacífico han comenzaron a asumir su rol en estas disputas, las que muchas veces traen consigo pasivos políticos y electorales complejos para los gobernantes de turno. Es así como en varios de nuestros países se aprobaron iniciativas para incorporar la Consulta Previa a los pueblos indígenas, basado en el
Una Nueva Dimensión de los Derechos Mineros
“El éxito o el fracaso de un proyecto ya no radica solamente en la captación con beneficios regulatorios de una inversión extranjera, sino que en garantizar una producción sustentable y en prevenir potenciales conflictos sociales. Enfrentar divergencias comunitarias puede ser más complicado que resolver un problema regulatorio o incluso técnico.”
Presidente de Montt Group, Santiago Montt
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), todo lo cual disminuyó la conflictividad social. Sin embargo esto se logró a costa de un atraso en los tiempos de la gestión de los proyectos y del correspondiente aumento de su costo, con lo cual se afectó de paso a la pequeña y mediana minería, que muchas veces no dispone de los recursos para hacer frente a estos mayores gastos y demoras. Es este un peligro poco representado, que las nuevas metodologías y procesos sean más correspondientes a la gran minería de clase mundial y que impactan muy negativamente al desarrollo de las minerías de más baja escala.
El escenario es cada vez más difícil y no parece existir una receta mágica para estandarizar soluciones, —porque son muchas las culturas frente a las cuales tiene que actuar una determinada empresa minera o un Estado—, pero lo que parece contribuir bastante a la paz es la necesidad de invertir en las comunidades desde muchos puntos de vista, y más que nada desde un ángulo del medioambiente y de su calidad de vida.
La solución se mantiene también en lo jurídico en cuanto a la necesidad de actualizar las regulaciones, porque, a la luz de todo lo anterior, ya no es suficiente con poseer un derecho legal para impulsar un determinado proyecto minero, porque éstos, muchas veces, chocan con las comunidades. Y no siempre queda claro qué derechos entran en colisión, cómo abordarlos y cómo enmarcar en forma práctica las soluciones. Si bien muchas de estas discordancias se dirimen judicializándose, ya sea en los Tribunales Ordinarios de Justicia o en los Tribunales Especiales creados al efecto, los tiempos de resolución resultan muy extensos, y la previsibilidad de las resoluciones judiciales es todavía incierta, por la inmadurez de la materia, y lo reciente de la normativa decisoria. En este sentido, estas nuevas controversias que se apartan de las clásicas de la propiedad minera, devuelven una cierta inseguridad jurídica que pensábamos que se había superado. Se debe volver a generar un trabajo creativo y de equipo para el pronto establecimiento de la trama decisoria de esta nueva dimensión, en una labor que ya no es solo de los juristas, sino que al mismo nivel de los políticos y profesionales del área social.
Hay clara urgencia de que se aborde esta tarea, y se haga debidamente coordinada entre nuestros distintos países de la Alianza del Pacífico, y también a nivel Latinoamericano. No debemos caer en la trampa de una competencia entre nosotros sobre esta importante materia. Compartir experiencias puede ser una de las mejores herramientas, aunque las realidades sociales y jurídicas de fondo no sean idénticas.
Montt Latin American Magazine p3