Page 7 - MONTT LATINAMERICAN MAGAZINE, FEBRERO 2019 (Español)

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En la recta final se encuentra el proyecto de ley de Reforma Previsional de Brasil, solicitada por años por los inversionistas y empresarios del país. Con ello, el nuevo Presidente, Jair Bolsonaro, espera sanear las deficitarias cuentas públicas, ahorrando 270 mil millones de dólares en la próxima década. La situación es crítica y la iniciativa debe aprobarse a la brevedad en el Congreso, dado que de ello depende la recuperación económica del país.
Las principales cajas previsionales —del sector privado y funcionarios públicos— acumularon en 2018 un déficit de 79 mil 940 millones de dólares, equivalentes al 4,25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), casi el doble de 2011.
Hasta aquí es poca la información ofrecida respecto de la iniciativa, sólo que su presentación al Congreso es inminente y que el Jefe de Estado zanjó las discusiones sobre la edad de las pensiones y estableció un mínimo de 62 años para las mujeres y de 65 para las hombres, con un período de transición de 12 años. El Gobierno brasileño se juega la credibilidad ante los mercados con esta Reforma Constitucional y se aguarda con gran interés un anuncio formal y su aprobación. De hecho la Bolsa de Sao Paulo repuntó tras el anuncio del Mandatario y cerró con una ganancia de 2,27 por ciento.
Opinión de los Agentes Económicos
La institución calificadora de valores Moody’s expresó que: “La aceptacion legislativa de una reforma de la seguridad social que resulte en menores ahorros sería indicativa de la limitada capacidad del nuevo gobierno de impulsar con éxito su agenda general de reformas. Eso afectaría la confianza de los inversionistas y las perspectivas de recuperación económica, ejerciendo una presión negativa sobre el perfil crediticio de Brasil”, advirtió la agencia.
El mercado sostiene que reformar el sistema de previsión social será la primera y decisiva batalla del nuevo gobierno de Brasil, cuyo desenlace se espera para mediados de este año y dictará el futuro de la derecha en el poder.
Una recuperación como la anunciada y una baja del desempleo le daría al Gobierno fuerza y cohesión para impulsar la agenda conservadora en otras áreas, como la educación, el medio ambiente, la moralidad y ética y seguridad pública. Bolsonaro dispone en principio de una mayoría de tres quintos de los escaños, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado constituida por las bancadas de varios partidos.
Los sindicatos se mostraron en total oposición. “Esta reforma es peor que la presentada por el Gobierno de Michel Temer”, expresó el jefe de la Central Única de Trabajadores (CUT), Vagner Freitas, mientras que otra entidad, denominada Fuerza Sindical, sostuvo que habrá que trabajar 10 años más que ahora para cobrar la jubilación con la iniciativa actual.
Hoy en día hay dos modalidades de jubilación en Brasil —con
distintos rangos de beneficios— por años cotizados o por una combinación de aquello más la edad del trabajador.
Sistema Demasiado Generoso
En Brasil existe un mayoritario consenso sobre la necesidad de cambios en la previsión social, tras la dura recesión económica de 2015 y 2016, cuando el Producto Interno Bruto cayó 3,5 y 3,3 por ciento, respectivamente.
Desde entonces la economía brasileña mejora, pero a un ritmo muy débil, con un crecimiento del uno por ciento en 2017. La tasa de desempleo, que alcanzó 12,7 por ciento como promedio en ese año, bajó solo a 12,3 por ciento en 2018. El déficit fiscal es señalado como el gran obstáculo para soltar amarras y se debe principalmente al creciente desequilibrio en el esquema de las pensiones.
Brasil, con 209 millones de habitantes, tiene un sistema considerado demasiado generoso, especialmente para los funcionarios públicos. Hay trabajadores, como las profesoras de la educación pública, que se jubilan con su salario íntegro con menos de 50 años, porque ganan ese derecho al cumplir 25 años de trabajo y pueden empezar a trabajar a los 16 años. Fuera de la edad, hay muchos rubros en discusión, como los regímenes distintos para el sector privado y el público, las pensiones de viudez, de otros dependientes y de discapacitados, además de la jubilación de los trabajadores rurales.
Los militares, por su parte, pretenden un trato especial, porque no consideran que dentro de las fuerzas armadas se produzca una jubilación, sino un tránsito a la reserva que supone la posibilidad de movilización en cualquier momento. Por eso, al igual que otros funcionarios público, ganan el mismo sueldo de los activos, y a veces incluso bastante más.
A tales privilegios se les pondrá fin, según el Gobierno, dado que los militares, con siete oficiales entre los 22 ministros del actual Gobierno y otras decenas de representantes en el segundo rango, aceptaron participar en lo que denominaron “sacrificios”, al aumentar de 30 a 35 años su tiempo de actividad y sus contribuciones al sistema.
El déficit previsional en el sector militar es el que más crece, alcanzando el equivalente a cerca de 11 mil millones de dólares anuales, una suma similar a la de los funcionarios públicos civiles y cerca de un quinta parte del déficit total registrado en el régimen general del sector privado, en 2018.
La diferencia es que los militares “inactivos” ganan 17 veces más, como promedio, que los jubilados civiles del sector privado. Mientras el régimen general tiene 29 millones de beneficiarios, el de los militares solo 380 mil.
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