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El tope de renta establecido por la «Ley de Pro- tección al Inquilino de 2019», como se denomi- na la medida, afecta a los edificios de más de 15 años de construidos y sólo a aquellas viviendas propiedad de corporaciones u otras entidades de inversión.
Según calculós de la oficina del asambleísta de- mócrata de San Francisco, David Chiu, la nueva medida únicamente se va a aplicar a cerca de 8 millones de los aproximadamente 17 millones de arrendatarios del Estado Dorado.
La ley igualmente prohíbe que los arrendado- res den por terminado el contrato de alquiler solamente con una comunicación dentro de un plazo de 60 días, como actualmente lo permite la ley estatal.
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