Page 143 - OPOSOCIAL - Estrategia Nacional contra la pobreza energetica 2019-2024

á especial apoyo a las actuaciones de los profesionales de las administraciones públicas cuya labor se vincule con la lucha contra la pobreza energética.
Para ello, se podrá reforzar la formación necesaria de los profesionales para mejorar su información acerca de la pobreza energética.
HOMOGENEIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
La comunicación entre organismos públicos es fundamental para asegurar la mejor prestación posible de servicios al ciudadano. En este sentido, ya la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se refiere al principio de interoperabilidad entre organismos y Administraciones públicas.
En línea con la ya creada Tarjeta Social Universal (TSU41), se promoverá que todas las medidas propuestas en la Estrategia se realicen teniendo en cuenta los parámetros definidos en la plataforma de Tarjeta Social Universal, buscándose la compatibilidad e inclusión en los mecanismos establecidos en esta tarjeta.
La Tarjeta Social Universal es un sistema de Información que integra todas las prestaciones económicas públicas, ya sean pensiones básicas o complementarias; contributivas, no contributivas y asistenciales; prestaciones temporales como los subsidios por Incapacidad temporal; maternidad; paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia; prestaciones y ayudas de pago único, en definitiva, toda prestación social o ayuda de contenido económico destinada a personas o familias.
Las prestaciones que pudieran derivar de las medidas adoptadas por esta Estrategia, ya sean de carácter prestacional o de carácter estructural, tenderán a incorporarse en la base de datos que derive de la plataforma de Tarjeta Social Universal.
En este punto, resulta fundamental profundizar en las actuaciones para asegurar un tratamiento homogéneo de la información entre los diversos actores implicados en la lucha contra la pobreza energética, con especial respeto al tratamiento de los datos de carácter personal y la protección de los derechos de los ciudadanos.
Por ese motivo, se busca impulsar la creación de una base de datos que homogeneice la información derivada de la gestión de las distintas prestaciones económicas públicas derivadas de la implementación de esta Estrategia.
De esta manera, los ciudadanos tendrán una información más transparente y accesible de cara gestionar las posibles prestaciones económicas a las que tengan derecho a la vez que las administraciones públicas podrán disponer de mecanismos más eficaces en la gestión y automatización de la información facilitada electrónicamente y relativa a prestaciones financiadas con recursos públicos, como bono social- y/o sobre determinadas situaciones subjetivas, colectivos vulnerables en temas de pobreza energética.
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