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que frenen dicho aumento y combatan esas situaciones, junto a políticas y acciones preventivas, de inversión en las personas, que rompan el ciclo de transmisión generacional de la pobreza, incidiendo especialmente en sus causas estructurales, que refuercen los sistemas de protección social y mejoren la gobernanza de dichos sistemas para conseguir mayor eficiencia de las políticas, tanto preventivas como paliativas.
Sobre estas necesidades políticas y de intervención se centra la Estrategia. Junto a la mejora de la protección social, pone especial acento en prevenir las situaciones de vulnerabilidad, invirtiendo en las personas y mejorando su educación y formación. Esta inversión es esencial para su desarrollo personal, inclusión social e inserción y permanencia en el mercado laboral, elemento fundamental para prevenir y evitar el riesgo de caer en la pobreza y/o la exclusión social.
La Estrategia aborda de forma transversal dos asuntos fundamentales como son la protección de la infancia y la protección de las familias, actuando especialmente sobre aquellas que tienen más necesidades o se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Una prioridad en esta Estrategia es la pobreza infantil. El gobierno de España ha mostrado su compromiso nombrando un Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil con el fin de movilizar y coordinar las actuaciones de la Administración General del Estado en materia de lucha contra la desigualdad y la pobreza infantil Es necesario poner el foco en mejorar los modelos de intervención social, reforzando todos los programas que sirvan para fortalecer las capacidades de las familias. Con ellos se aspira a prevenir las situaciones de desventaja social que vive la infancia y romper el ciclo de transmisión generacional de la pobreza y la exclusión social. Si bien los servicios básicos para la infancia en España tienen vocación de universalidad y gratuidad, esta dista de ser completa en diversos ámbitos como la educación de 0 a 3 años, el material escolar, los libros de texto, los comedores escolares o incluso los gastos farmacéuticos, que representan a menudo una carga muy pesada para las familias con hijos a cargo, y en especial las familias monoparentales dada su especial vulnerabilidad. Por todo ello, estos servicios deben mejorarse y reforzarse, garantizando mayor eficiencia en su prestación, en especial cuando los destinatarios son familias con hijos a cargo.
Otro gran desafío presente en las sociedades europeas y en España en particular, es reducir la desigualdad, en especial la desigualdad de rentas, que se ha visto incrementada como consecuencia de la grave crisis económica y de las elevadas tasas de desempleo consiguientes. Por eso esta Estrategia persigue una educación y empleo más inclusivo, enfocado especialmente hacia las personas con mayores dificultades educativas y de inserción laboral, como son, entre otros, jóvenes o personas desempleadas de larga duración. La ordenación y mejora de los sistemas de rentas mínimas y el acceso a servicios públicos de calidad contribuirán a este objetivo. Pero por sí solas no resolverán por completo retos de la envergadura y complejidad de la pobreza infantil ni los riesgos de exclusión de los colectivos más vulnerables (jóvenes, parados de larga duración, hogares monomarentales, población gitana, etc.). Por ello, la Estrategia hace especial hincapié en la necesidad de incrementar la cobertura de las prestaciones de desempleo, la mejora de prestaciones por hijo a cargo (en el marco del desarrollo de un Ingreso Mínimo Vital) y la mejora de los permisos de parentalidad.
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