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La población extranjera empadronada se encuentra distribuida de manera muy desigual a lo largo de la Comunidad Aragonesa: hay una concentración de población extranjera en Zaragoza capital, y en su área de influencia reside más de la mitad de los extranjeros que se encuentran empadronados en la CCAA. En las restantes comarcas, la repercusión de los extranjeros en el saldo de su población es reducida, y el porcentaje inferior a la media de la Comunidad autónoma.
La incidencia de la inmigración es mayor en aquellas zonas en las que todavía se desarrolla una importante actividad agroganadera o en aquellas otras, como el área metropolitana de Zaragoza, en las que existe un mercado laboral cuya oferta no puede ser cubierta por la demanda de la población autóctona.
2.- POLITICAS AUTONOMICAS EN MATERIA DE INMIGRACION
La regulación jurídica del hecho migratorio se conforma por una diversidad de normas que provienen de ordenamientos jurídicos diferentes, en ella confluyen competencialmente niveles distintos: el, internacional el de la Unión Europea, el estatal, el autonómico y el local. Se configura así una normativa con pluralidad de fuentes.
Como ya se ha comentado, en nuestro país, la política de inmigración es una política compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El Estado tiene competencia en la gestión del proceso de entrada, regularización y control de los flujos migratorios, mientras que a las Comunidades Autónomas les corresponde, aunque no exclusivamente, las políticas de integración.
De esta forma, la Administración Central este tema se desarrolla a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dentro del cual está la Secretaría de Estado de Migraciones que es el órgano encargado de desarrollar la política migratoria definida por el Gobierno en materia de inmigración, integración de los inmigrantes y ciudadanía española en el
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