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Ataque y presión a ocurrida el 23 de julio, ha
“La rotura del dique,

periodistas y medios mil toneladas de desechos
causado el derrame de 13

Opinión “Pagina siete” en el Pilcomayo”

i bien el presidente Luis Arce es una noche acusado de no haber salvado a su
menos hostil que el expresidente Evo padre del covid.
Morales con los medios de comuni-
cación y los periodistas, no se puede Y, ahora los operadores del oficialismo van
Sdecir lo mismo de su gobierno o de la por los periodistas, lo cual es gravísimo porque
Fiscalía, que mantienen intacta la estrategia de se busca acallar a los informadores independien-
presión, asfixia y cooptación de los medios y pe- tes y convertirlos en cajas de resonancia del poder
riodistas que cumplen con su rol fiscalizador del
poder. Desde este espacio condenamos la persecu-
De hecho, esta última semana se ha conocido ción y presión que el oficialismo está ejerciendo
una nueva arremetida desde diferentes flancos. sobre periodistas y medios porque la libertad de
Por ejemplo, un fiscal ha pedido el encarcela- expresión es una condición sine qua non de la de-
miento de dos destacados periodistas de Bolivia, mocracia. Exigimos que cese esta arremetida, que
acusados de haber contratado a un colega con un los periodistas acusados puedan responder en el
sueldo mayor al establecido en las normas; por plano administrativo por las acusaciones que les
otro lado, la Sociedad Interamericana de la plantearon y que en ningún caso prospere el jui-
Prensa (SIP) ha denunciado que el diario Los cio penal porque hoy son ellos, mañana puede ser
Tiempos sufre asfixia económica con miras a que cualquiera y por cualquier acusación descabe-
un empresario afín al Gobierno pueda quedarse llada.
con el rotativo; y finalmente, reapareció Juan
Ramón Quintana, exministro de la Presidencia,
para lanzar un discurso de odio en contra de los
medios.
Los periodistas acusados de una contratación
irregular son Andrés Rojas y Adriana G., que du-
rante el gobierno de Jeanine Añez fungieron
como gerente general y gerente de informaciones
del canal estatal Bolivia Tv. Están señalados en
este caso por haber contratado al presentador de
noticias Pablo Llano con un salario de 11.498 bo-
livianos que, según la acusación, no debió perci-
bir más de 6 mil bolivianos por carecer de título
académico.
Se trata de un asunto administrativo que en
ningún caso debería derivar en una demanda
penal y menos en un pedido de encarcelamiento,
a no ser que el objetivo sea amedrentar al gremio
de los periodistas en general.
En todo caso, es una ironía que el MAS mire
la paja en el ojo ajeno y no así la viga en el pro-
pio, pues si hay un gobierno afecto a contratar
funcionarios que no están capacitados para el
cargo, ése es el del MAS.

Co esta misma lógica de acusar sin funda-
mento se inscribe también la arremetida en contra
del presidente del Colegio Médico de Bolivia,
Luis Larrea, quien fue encarcelado por un día y
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