Page 8 - Periódico"AL GRANO" Digital Edición 08-05-2022
P. 8
Juristas alertan que el
Legislativo agudiza crisis
en la Justicia con
reforma a leyes penales
Tres juristas cuestionaron las modificaciones que se pretender realizar a los có-
digos Penal, de Procedimiento penal y a la Ley de Ejecución Penal y Supervisión,
en busca supuestamente una mayor celeridad en la administración de justicia, sin
tomar en cuenta, según dijeron, las consecuencias negativas en las garantías cons-
titucionales y el debido proceso.
Los abogados señalaron que, de aprobarse el proyecto de ley, las personas
serán detenidas a sola acusación y sin ninguna investigación previa, y los jueces
preferirán excusarse antes de tratar un caso o dictar una sentencia que no co-
rresponde por temor a ser procesados judicialmente.
La preocupación de los juristas tiene que ver con el proyecto de Ley "Por
la dignidad de las víctimas de feminicidio, violación niño niña adolescente e
infanticidio", presentado por los diputados del MAS Lidia Tupa Zelaya y Juan
José Jáuregui Oruri, que busca "garantizar una justicia con mayor transparencia
y sin dilaciones, que permita materializar los derechos de las víctimas en casos
con mayor connotación social".
"En resumidas cuentas, ahora sí empieza en realidad el problema, si en
el pasado sancionaban por sancionar a las personas solamente con una sin-
dicación, hoy en día con estas modificaciones, toda aquella mujer que diga
que se ha vulnerado alguno de sus derechos, la persona denunciada sí o sí
tiene que ir presa", apuntó el abogado constitucionalista, Jorge Quiroz.
Los funcionarios públicos, agregó Quiroz, ya sean fisca-
les o jueces, que no atiendan estos casos "serán sancionados
severamente y eso definitivamente será el acabose".
El proyecto de Ley modifica dos delitos previstos en el
Código Penal -prevaricato y consorcio-, el régimen de me-
didas cautelares en el Código de Procedimiento Penal -me-
didas cautelares personales, requisitos para la detención
preventiva y cesación de las medidas cautelares personales-
y artículos de la Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión
referidos a enfermedades graves y contagiosas, libertad con-
dicional y detención domiciliaria.
Para el abogado Paul Tolavi, por lógica no todos los pro-
cesos de feminicidio deberían salir probados, y que lo más
probable es que existan errores, falsas acusaciones y que
haya que realizar una debida investigación para recién san-
cionar a un presunto feminicida, pero "con estas modificaciones
a la ley se acumulan amenazas institucionales y legales a los jueces
y fiscales".
"El Órgano Legislativo dicta leyes sin pensarlo mucho y el Ór-
gano Judicial se ve presionado por todas las instituciones bolivianas
para sancionar a la brevedad posible, omitiendo sus deberes básicos
de hacer una buena investigación, de preservar los derechos de los
imputados y procesados, de obligar a los fiscales a que presenten
pruebas verídicas, que no oculten las pruebas que favorecen a los
imputados; todo eso compromete más la ya de por sí poco creíble
justicia boliviana", apuntó.
Para el abogado Marcial Huanca esta situación generará que los
jueces quieran excusarse de manera rápida de conocer estas causas
que lleguen a sus juzgados por temor a ser procesados con hasta 15
años de cárcel, "si no fallan de forma inmediata" como exigen los po-
líticos, los ministros, la opinión pública y la presión mediática.
El proyecto es "un planteamiento mal hecho que los abogados
están observando, va ser muy lamentable que se siga procesando a
gente de manera tan flagrante y tenerlos presos sin ninguna inves-
tigación", dijo.
Indicó que lo que busca el gobierno con estos proyectos de
Ley son índices de aceptación para que la sociedad "califique de
manera adecuada el trabajo del Ministro de Justicia y del Ministro
de Gobierno".