Page 2 - Periódico"AL GRANO" Digital Edición 08-07-2022

Muertes ambientales que

debieron evitarse PAGINA SIETE

OPINIÓN

La laguna Concepción, sitio idílico de la Chiquitania cruceña, ha dejado de existir. No tuvo exequias ni acta
de defunción. El Estado boliviano la dejó morir con la indiferencia.

Ñembi Guasu es una “nueva” área de conservación en el Chaco” (tiene tres años) y es la segunda en im-
portancia, pero sólo cuenta con el título, está a un paso de la devastación por el fuego y los desmontes que
empuja la insaciable frontera agrícola.

Ambas forman o formaban parte del patrimonio natural del país y, por obra de acciones humanas y falta
de acciones públicas, bordean la desaparición.

No es un número más en las cifras de ecocidios; junto a la crisis que cada una de estas regiones afronta por
su lado, surge una constatación que tiene que ser escuchada y valorada: los desmontes, el fuego, los asenta-
mientos ilegales, la expansión de la frontera agrícola están acabando de forma lenta pero constante con nuestro
frágil equilibrio ambiental.

En el caso de la laguna Concepción, otrora una fuente de abundante agua que está absolutamente seca sin
posibilidad alguna de recuperación, los asentamientos humanos y el drenaje de sus aguas para riegos y alimento
de ganado fueron presionando hasta exterminarla. Fueron muchas las señales de alerta que se enviaron a las
autoridades departamentales y locales, que no tuvieron la fuerza de la reacción hasta que fue demasiado tarde.

Con ello, el Estado boliviano está vulnerando al menos tres tratados y convenios de los que es signatario.
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Además de la Convención Ramsar, viola pactos internacionales, como el Convenio de Diversidad Biológica,
el Acuerdo de París y convenios de derechos humanos.

“Los impactos en la conservación y uso racional de la laguna Concepción reflejan políticas públicas y de-
sarrollo de normativa perjudicial para los humedales. Hay muchas causas para su deterioro, pero principalmente
es que su conservación y uso racional no ha sido una prioridad de los diferentes niveles de gobierno”, menciona
la investigación realizada por P7-Plus Investiga, el fondo de periodismo de investigación de Página Siete.

El periodista Gabriel Díez Lacunza se sumergió en ambas regiones para evaluar en primera persona una
situación que estaba siendo largamente denunciada. La experiencia fue desoladora, sobre todo por el grado de
irreversibilidad.

En Ñembi Guasu más de 341 especies de animales, que comparten este conjunto de 12 ecosistemas, corren
riesgos. También se sabe que una porción importante de los árboles del lugar -la especie abayoy, típica de la
zona- está desapareciendo tras los incendios de 2019 y 2021, junto a un tercio de la vegetación que ha quedado
dañada por el fuego y los descontrolados asentamientos humanos. Asimismo, se conoce que en medio de esos
parajes habitan y transitan miembros del quizás último pueblo indígena ayoreo en aislamiento voluntario, que
ahora se encuentran en peligro. “No están pudiendo acceder al agua ni a ‘melear’ (extraer miel) porque se han
quemado los árboles”, refiere el reportaje.

Lo desolador, además de la constatación del daño, es que a pesar de que con esta desprotección, el país
viola compromisos internacionales por los cuales podría recibir una sanción. Las autoridades nacionales, en
distintos niveles, no tienen respuestas y mucho menos presentan soluciones ante estos hechos.

Estas dos áreas son ejemplos puntuales, pero bien se sabe que la situación no es ajena a otras en todo el
territorio nacional. Y es que los factores que empujan éstos y otros crímenes ambientales ya han dejado de
estar bajo control: es el Estado mismo el que alienta los asentamientos humanos; el fuego sigue siendo una
herramienta de trabajo cuyo impacto en la deforestación es ignorado; y el crecimiento de la frontera agrícola
se burla de los riesgos que entraña.

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