Page 13 - MONTT GROUP MAGAZINE, ENERO 2018 (ESPAÑOL)

En la región se observa una creciente actividad en materia de disposiciones medioambientales, tanto en cantidad como en complejidad.
En casi todos los países aumentó el fenómeno de una mayor intervención de las comunidades en las distintas etapas del proceso de evaluación de proyectos; la demora, muchas veces de años, en resolver inversiones y el retraso o retiro de las mismas por agotamiento de los actores. Pero también existe una incipiente actitud de autocrítica por parte de algunos Estados que hacen esfuerzos por modificar la institucionalidad medioambiental para imprimirle mayor eficiencia.
En Chile, ejecutivos de Andes Iron SpA llevaron a cabo, hace pocos días, la primera audiencia en el nuevo Tribunal Ambiental de Antofagasta, sobre el controvertido proyecto portuario minero Dominga.
El trámite realizado fue un acto administrativo en el que el Tribunal revisó los documentos entregados, una instancia que tiene la importancia de dar el puntapié inicial al primer trámite de lo que podría ser un largo proceso que determine el futuro de la costa de la Región de Coquimbo.
Durante 2017, este proyecto provocó un quiebre en el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, lo que terminó con la salida del Gabinete de los ministros de Hacienda y Economía, Rodrigo Valdés y Luis Felipe Céspedes.
La iniciativa comprende la construcción de una mina y un puerto para la extracción de hierro y cobre en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo, que contempla una inversión cercana a los dos mil 500 millones de dólares.
HidroAysén, Cuervo y Puchuncaví
Por otra parte, a 10 años del inicio del polémico proyecto HidroAysén, que buscaba intervenir los ríos Baker y Pascua, en la zona austral de Chile, las empresas Enel y Colbún pusieron fin al megaproyecto y sus dueños piensan devolver los derechos de agua al Estado. La decisión se adoptó debido a un fallo
del Tribunal Ambiental de Santiago, que respaldó la decisión del Comité de ministros que rechazó definitivamente los permisos ambientales.
En paralelo, el Tribunal Ambiental de Valdivia resolvió anular la Resolución de Calificación Ambiental, que el año 2016 aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto central hidroeléctrica Cuervo, de la empresa Energía Austral SpA, en la Región de Aysén. También la Contraloría General de la República rechazó el Plan de Descontaminación de Concón, Puchuncaví y Quinteros, aprobado por el Consejo de Ministros, por no ajustarse a derecho. Se buscaba congelar las emisiones de Gener, División Ventanas Codelco y Refinería Aconcagua Enap.
Protección, Humedales y Represas
En Perú, por otra parte, el Ministerio de Energía y Minas aprobó, mediante el Decreto Supremo N° 042-2017, un nuevo Reglamento de Protección Ambiental para las actividades de exploración de la mediana y gran minería. El objetivo principal es facilitar la llegada de inversión extranjera. Entre los ejes del nuevo reglamento está el equilibrio basado en el desarrollo sostenible; el enfoque predictivo, promocional y competitivo; la evaluación diferenciada; la mayor coordinación entre entidades opinantes; el equipo y organización renovadas y diversificadas y el responder a la realidad de la actividad e institucionalidad.
En Argentina, la Cámara de Senadores provinciales de Entre Ríos aprobó la Ley de Fitosanitarios que, entre otras medidas, reduce de tres mil a 500 metros la distancia de fumigaciones aéreas con ciertos químicos, entre los que se encuentra el glifosato, producto declarado potencialmente cancerígeno por la Agencia Internacional del Cáncer dependiente de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Movilizaciones comunitarias esperan revertir la disposición. También el Gobierno del Presidente Mauricio Macri, que ya anunció una
política medioambiental donde “la sustentabilidad vaya de la mano de la rentabilidad”, señaló que se propone destrabar la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Humedales. En la iniciativa se plantea la confección, en un plazo no mayor a tres años, de un inventario de esos sitios; establece criterios de usos sustentables e indica posibles acciones de protección sobre esos ecosistemas.
Un conflicto medioambiental que encontró reciente solución fue la construcción de represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, una de las obras más controvertidas del kirchnerismo. Tras la suspensión judicial de la obras durante dos años, hace algunas semana la jueza Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado Federal Contencioso Administrativo No 12 de la Capital Federal, falló a favor del Gobierno y permitió el levantamiento de la segunda medida cautelar que frenaba el progreso de los trabajos. Los medioambientalistas se oponen a las represas, por su efecto en los glaciares.
Reducción de Emisiones
En Brasil se promulgó la Ley N° 13.576, que establece metas nacionales de reducción de emisiones para la matriz de combustibles. Se denomina RenovaBio y fue presentada desde el Ministerio de Minas y Energía como “una de las más avanzadas legislaciones ambientales para el sector de los combustibles con vistas al cumplimiento del Acuerdo de París”. En Colombia se tramita en el Congreso un paquete de leyes relacionadas con la protección del medio ambiente, entre las cuales figura una sobre la minería ilegal, ya que entre otros problemas se vierte media tonelada de mercurio al ambiente diariamente.
Existe otra iniciativa que el Gobierno está impulsando para una pronta aprobación, que garantiza la pequeña titulación a comunidades campesinas en zonas de reserva, sin sustracción, para estabilizar la frontera agrícola y poder evitar la deforestación; también, la ley de páramos y la ley marco de cambio climático, que indica los mercados obligatorios de carbono.
En la región se observa una creciente actividad en materia de disposiciones medioambientales. Esto, tanto en cantidad como en la complejidad de los casos.
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