Page 13 - MONTT LATIN AMERICAN MAGAZINE, MARZO 2018, ESPAÑOL

A comisión del Congreso peruano pasó la Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que la industria espera que permita liberar inversiones por alrededor de 47 mil millones de dólares en 2021. La propuesta plantea la modificación de 23 artículos de la Ley No 26.221, aprobada en 1993.
La norma busca “promover la industria de hidrocarburos en el país” e incentivar “el desarrollo de las actividades de exploración y explotación” de los recursos de dicho subsector en el territorio nacional.
Las autoridades sostienen que cuando se apruebe la Ley Orgánica de Hidrocarburos, varios contratos se podrían ampliar y también otorgar más facilidades para la exploración.
Las inversiones para la etapa denominada upstream, es decir de exploración, desarrollo y producción, asciende a 44 mil millones de dólares. Ese monto comprende descubrimiento de recursos de petróleo (29 mil millones de dólares), descubrimiento de los recursos de gas natural (14 mil millones de dólares) y explotación de lote 192 (615 millones de dólares). Cabe destacar que el denominado lote 192 corresponde a una extensión de 290 hectáreas, que contiene el 17 por ciento del petróleo del Perú, una de las principales zonas productores de crudo del país. Respecto a la etapa denominada de downstream es decir refinamiento de crudo, procesamiento del gas natural, el potencial asciende a tres mil millones de dólares.
La cantidad incluye la modernización de las instalaciones y equipamiento de última generación del Oleoducto Nor Peruano, el proyecto Siete Regiones y el de infraestructura de almacenamiento de GLP y diésel B5 como seguridad energética.
Se anunció que se prepara un nuevo proyecto de royalties para las explotaciones petroleras, que ayudará a incentivar esas inversiones.
Críticas Medioambientalistas
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA, lamentó, sin embargo, que el tema del medioambiente no revista gran importancia en la iniciativa. Expresaron sus dirigentes que no se debe olvidar el historial de los reiterados derrames ocurridos en los últimos años en la Amazonía por el funcionamiento del Oleoducto Norperuano, la explotación de hidrocarburos en el Lote 192 o, más recientemente, el derrame de gas en Cusco.
“El Estado y el sector privado deben asegurar que las actividades de hidrocarburos se ejecuten, no sólo en
cumplimiento de las obligaciones legales ambientales y sociales establecidas en el marco legal, sino que deberán hacerlo con completa diligencia a fin de recobrar la confianza por parte de las poblaciones. El Estado tendrá que garantizar el derecho a un ambiente saludable y a su bienestar, y asegurar el desarrollo sostenible del país”, indicó la entidad.
Asimismo, propuso la inclusión de temas claves referidos al uso de información producto de la Evaluación Ambiental Temprana (EIA), el impulso del proceso de consulta previa a cargo de PerúPetro, la prórroga y término de contratos de explotación y su vinculación a los EIA, la creación de un Fondo de Asistencia Técnica para la participación ciudadana y el término anticipado de los contratos por incumplimientos ambientales, entre otros.
Reparación Civil
Por otra parte, el Pleno del Congreso peruano se encuentra debatiendo el proyecto de ley para reemplazar al Decreto de Urgencia 003, que busca asegurar el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción, como el que implica a Odebrecht. La iniciativa ya fue aprobada en las comisiones de Justicia y Economía.
El documento contiene aspectos importantes para dinamizar la producción del país, sin que ello implique afectar la lucha contra la corrupción cuando sea cometida por personas jurídicas. De esa manera, el Estado busca garantizar la predictibilidad de las compañías para que obtengan la aprobación de sus cartas fianza y el financiamiento necesario de sus obras.
Para dar seguridad de que la nueva norma tenga plena vigencia y carezca de algún tipo de incongruencia con la normatividad ya existente, el Gobierno tuvo cuidado en ajustarla al marco legal y al ámbito establecido por la propia Constitución.
Gracias a esa labor, el Ejecutivo y el Parlamento trabajaron de manera mancomunada para que la disposición pueda aplicarse oportunamente. La ministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper, afirmó que la nueva norma es una buena señal para los agentes económicos, dentro y fuera del país, porque “logramos un justo medio entre lo que significa la lucha frontal contra la corrupción y la dinámica de nuestro modelo económico”.
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