Page 15 - MONTT LATINAMERICAN MAGAZINE, JUNIO, 2018 (Español)

Bolivia: Ingresan al Congreso Proyecto de Ciudadanía Digital
El Ejecutivo se propone la incorporación a la era digital con una iniciativa que crea el Gobierno Electrónico para modernizar y transparentar la gestión pública, mediante las tecnologías de la información.
El Gobierno envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de Ley N° 184, conocido como Ley de la Ciudadanía Digital, es decir una disposición que vela por el ejercicio pleno de derechos y deberes a través del uso de tecnologías de información y comunicación en la interacción de personas con entidades públicas o privadas.
Los expertos sostienen que el país es uno de los pioneros de la región en legislar sobre este tema, junto a Chile y Argentina, pero carece de la estructura física y administrativa para aplicarla.
De acuerdo con la norma, que se encuentra pronta al debate legislativo, será la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación la entidad encargada de desarrollar todos los procedimientos de registro para acceder a las credenciales que otorgan la ciudadanía digital. Asimismo, establece que las instituciones que brindan servicios públicos están en la obligación de compartir los datos con dicho organismo.
Validez Jurídica
En la justificación del proyecto, el Ejecutivo sostiene que el objetivo del Gobierno Electrónico es modernizar y transparentar la gestión pública, mediante el otorgamiento de servicios y atención de calidad a la ciudadanía. También garantizar el derecho a la información, así como contribuir a la eficiencia y eficacia de los actos administrativos en los procesos internos del Gobierno, mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación, además de otras herramientas.
El documento agrega que “todo acto que se realice mediante el ejercicio de la ciudadanía digital goza de plena validez jurídica”. Agrega que “los documentos o solicitudes generados a través de ciudadanía digital o firmados digitalmente deben ser gestionados por todas las instituciones públicas y privadas que presten servicios públicos. El incumplimiento de esta
disposición está sujeto a responsabilidad por la función pública; para el caso de instituciones privadas que presten servicios públicos, el ente que ejerza supervisión respecto a sus funciones deberá establecer los mecanismos pertinentes a fin de dar cumplimiento a esta norma”.
Por otra parte, indica que “las solicitudes realizadas a través de la ciudadanía digital no requieren el uso de firma digital, con excepción de los actos de disposición de derechos”. También define que “las instituciones públicas y privadas que presten servicios públicos delegados por el Estado podrán realizar notificaciones digitales previa conformidad de la o el administrado; el documento se tendrá por notificado al momento en que sea recibido en un buzón de notificaciones de la o el administrado”.
Algunos miembros de la prensa han expresado su temor de que justo en año preelectoral se usen esos datos desde la Agencia de Gobierno Electrónico, institución que depende del Ministerio de la Presidencia, donde trabajan funcionarios afines al Gobierno. Además algunos observadores indicaron que existen muchos vacíos legales que solucionar.
Registrar a la Población
Por su parte, el director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación, Nicolás Laguna señala que el proyecto será un gran avance para la simplificación de trámites y el acceso a la información de las instancias públicas del Estado para hacer trámites en línea. Explicó que la Agencia tendrá el rol principal de generar las condiciones técnicas para el registro de la población, para que ésta acceda a una credencial que le permita ser un “ciudadano digital” y pueda realizar los trámites necesarios. “Necesitamos que el ciudadano pueda certificarse para generar acceso a los distintos portales del Estado y poder hacer ahí sus trámites”, explicó la autoridad.
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