Page 17 - MONTT LATINAMERICAN MAGAZINE, JUNIO, 2018 (Español)

En agosto próximo comenzará a operar la Ley N° 30.730 de Ban- carización, que incorpora cambios sustanciales para enfrentar la lucha contra la evasión y contribuir a la formalización de la economía.
La reglamentación establece, para efectos tributarios, la obligación de realizar pagos por importes iguales o superiores al equivalente de US$1.000, utilizando necesaria- mente medios de pago bancarios. Lo que no sea canalizado a través de estas instituciones no dará derecho a deducir gastos, costo o crédito tributario, a efectuar com- pensaciones, ni a solicitar devolu- ción de impuestos, saldos a favor, reintegros tributarios, recuperación anticipada ni restitución de los derechos arancelarios. Tampoco permitirá sustentar incrementos patrimoniales no justificados por el contribuyente.
Montos Definidos
Los cambios incorporados en la ley para la compra de vehículos nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres; inmuebles; acciones; aumentos o reducción de capital, por montos iguales o supe- riores a US$ 11.500, sólo podrán efectuarse utilizando los medios de pago bancarios.
Los notarios y los jueces que den fe o formalicen dichos actos jurídicos deben dejar constancia en la escritura pública sobre el medio de utilizado. En caso de que el cliente se niegue a demostrar su operación, el profesional deberá reportarlo a la Unidad de Inteligencia Financiera, entidad encargada de recibir, analizar y
transmitir información para la detección del lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo. La nueva ley considera como medios de pago bancarios a los depósitos en cuentas, cheques, giros, transferencias de fondos, órdenes de pago, tarjetas de débito y crédito, remesas bancarias y cartas de crédito.
Perú ocupa el primer lugar en Latinoamérica en cuanto a la regulación para promover la inclusión financiera, según el Center for Global Development, en alianza con el BBVA Research, pero la inclusión misma es reducida. Se ubica como el cuarto país con más baja bancarización de la región, donde el nivel de intermediación llega al 35 por ciento.
Convención Anticohecho
Por otra parte, las autoridades pe- ruanas firmaron el documento que oficializó la adhesión de Perú a la Convención Anticohecho de la Or- ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), orientada a combatir los sobornos en las relaciones económicas internacionales. Actualmente 43 economías, que representan a más de la mitad de las exportaciones mundiales, integran este organismo.
La OCDE señaló que Perú debió realizar “cambios significativos” para fortalecer su combate contra la corrupción transnacional y para alinearse con los “excelentes” estándares de la Convención. Así, la organización, formada por los países que representan el 80 por ciento del Producto Interno Bruto
mundial, destacó que a inicios de este año entró en vigencia la ley que regula la responsabilidad de las empresas por el delito de sobornos, norma que fue modificada por el anterior Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, para introducir responsabilidades específicas: desde multas hasta la prohibición definitiva de operaciones.
“Unirse a la Convención es el primer paso. Perú se someterá luego al riguroso y sistemático proceso de monitoreo de la Convención”, expresó Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE.
Cabe destacar que en 2009, Perú solicitó su adhesión a la Conven- ción Antisoborno de la OCDE y, el 2012, el Grupo de Trabajo de la en- tidad expresó sus observaciones referidas a la regulación del de- comiso del valor del producto del soborno, la incorporación de multas para las personas naturales en el delito de cohecho internacional y la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas.
Asistencia en Materia Fiscal
Perú también ratificó su adhesión a la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, un instrumento que apunta a que exista una mayor cooperación administrativa entre los países miembros para hacer frente a la evasión y elusión fiscal, ambos elementos transformados en prioritarios a nivel internacional. De esta forma, se impulsa el compartir información, incluido el intercam- bio automático para el cobro de créditos fiscales extranjeros.
Montt Latin American Magazine p17