Page 29 - CORRUPCION

MONTT GROUP MAGAZINE - 2024
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marco regulador. Esta transición de normas internacionales a nacionales refleja la evolución del Compliance en el país, destacando la importancia de un enfoque integral y colaborativo en la lucha contra la corrupción.
estatuto orgánico del
Sistema financiero
El primer antecedente de Compliance en la normativa colombiana se encuentra en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (1993). Este estatuto obliga a las instituciones financieras a adoptar medidas de control para evitar el lavado de activos, como se establece en su artículo 102. Esta norma fue reforzada por el delito de omisión de control en el Código Penal (artículo 325), haciendo obligatorio que las entidades financieras implementen mecanismos para prevenir el lavado de activos.
Ley 190 de 1995
En 1995, Colombia dio un paso significativo con la Ley 190, conocida como el primer Estatuto Anticorrupción. Esta ley buscaba preservar la moralidad en la administración pública y combatir la corrupción de los servidores públicos. Además, introdujo controles administrativos sobre la actividad y los bienes de los servidores públicos y sobre las actividades financieras y comerciales vulnerables a la corrupción.
Ley 1474 de 2011
La evolución continuó con la Ley 1474 de 2011, que desarrolló de manera más amplia el tema del compliance. Este Estatuto Anticorrupción estableció un régimen específico de prevención de la corrupción y creó delitos como la omisión de control en el sector salud y la corrupción privada. Esta ley también introdujo medidas para prevenir fraudes en el sistema de seguridad social en la salud.
Ley 1778 de 2016
En 2016, la Ley 1778 estableció disposiciones de cumplimiento normativo en materia de soborno transnacional y nacional. Esta ley promovió la adopción de programas de transparencia y ética empresarial, y definió el soborno transnacional, imponiendo sanciones a las empresas involucradas en actos corruptos con servidores públicos extranjeros.
Para asegurar la implementación de esta ley, la Superintendencia de Sociedades expidió la Circular Externa 100-000003-2016, que proporcionó una guía para poner en marcha programas de cumplimiento. Esta guía fue actualizada en 2021 para cumplir con los estándares internacionales y las necesidades actuales, requiriendo que las entidades vigiladas adopten Programas de Transparencia y Ética
Empresarial (PTEE).
Regulando que, las empresas obligadas a adoptar un PTEE son: i) las sociedades vigiladas que realicen transacciones internacionales con contratos iguales o superiores a 100 SMMLV; ii) las empresas que celebren contratos con entidades estatales por montos iguales o superiores a 500 SMMLV y; iii) las empresas de sectores como el farmacéutico, manufacturero, minero – energético, tecnologías de información y comercio de vehículos, entre otros, con ingresos o activos que superen los lumbrales establecidos. Las entidades obligadas deben identificar y evaluar los riesgos de corrupción y soborno transnacional, adoptando un PTEE acorde a sus necesidades. Este programa debe permitir la prevención, detección y corrección de posibles situaciones de corrupción. El salario mínimo es decretado de forma anual por el gobierno nacional, para el 2024 fue fijado en un millón trescientos mil pesos ($1.300.000 COP – $317 USD aproximadamente).
un camino por recorrer
La evolución del Compliance en Colombia refleja un compromiso continuo con la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia en todos los sectores. A partir de la adopción de normativas internacionales como la FCPA y la Convención de Mérida, Colombia ha desarrollado un marco legal robusto que incluye leyes como la Ley 1474 de 2011, conocida como el Estatuto Anticorrupción, y la Ley 1778 de 2016, que establece disposiciones específicas para el soborno transnacional. Estas leyes han sido fundamentales para establecer programas de cumplimiento y mecanismos de auditoría y control interno que buscan prevenir, detectar y sancionar actos corruptos.
Sin embargo, aunque los avances en materia de Compliance son significativos, este campo aún es relativamente nuevo en la legislación colombiana y enfrenta desafíos importantes. La implementación efectiva de estos programas y la adaptación de las empresas a los estándares de ética y transparencia requieren un mayor desarrollo y fortalecimiento. Es crucial que se continúe trabajando en la sensibilización y capacitación tanto del sector privado como del público para asegurar que las normativas no solo existan en el papel, sino que se apliquen de manera efectiva en la práctica.
En resumen, Colombia ha dado pasos importantes hacia la creación de un entorno más ético y transparente, pero aún queda camino por recorrer. La consolidación de una cultura de cumplimiento robusta y la integración plena de estas normativas
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