Page 1 - LIBRO INTENTO SOCIALES
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Lycée Charles de Gaulle
Concepción
UNIDAD V INESTABILIDAD POLITICA Y PRESIDENCIALISMO 1925-1938
GUÍA 2 PROGRAMA DE REFORMAS ECONOMICA DE CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO 1927-1931
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El Estado como impulsor de la economía nacional
La dictadura de Ibáñez asumió el fomento de la economía nacional como un rol prioritario Estado. Pablo Ramírez,
ministro de Ibáñez en varias carteras, entre ellas la de Hacienda, entendía que la transformación del Estado chileno
en un verdadero “Estado Moderno” pasaba por su preponderancia en la toma de decisiones económicas.
El plan de estabilización de las finanzas estatales
Para Ibáñez y Ramírez, el equilibrio del presupuesto fiscal era una condición básica del correcto funcionamiento del
Estado. Según él, dos obstáculos le impedían conseguir este objetivo: la desorganización con que se recaudaban las
entradas fiscales y los gastos innecesarios en que incurría el Estado. Para corregir estos problemas se ejecutaron
diversas medidas destinadas a centralizar y aumentar la eficiencia y fiscalización de las instituciones públicas.
Ibáñez consideraba que los ingresos que recibía el Estado eran inferiores a la cantidad que correspondía. Esto se
debía a que la forma en que se recaudaban los impuestos carecía de rigurosidad, lo que facilitaba la evasión
tributaria. Para poner fin a esta situación, unificó todas las tesorerías fiscales en la Tesorería General de la
República y reorganizó la Dirección General de Impuestos Internos y la Superintendencia de Aduanas.
En cuanto a los excesivos gastos fiscales, Ibáñez pensaba que se debían al creciente número de funcionarios públicos
que habían obtenido sus cargos gracias al cuoteo político, a la dispersión en la organización de los organismos
estatales y a la precaria fiscalización sobre las instituciones públicas. Para contrastar este diagnóstico, reemplazó a
una importante proporción de funcionarios por profesionales jóvenes, reestructuró la administración pública a
través de la fusión y centralización de diversos organismos y creó la Contraloría General de la República,
organismo autónomo destinado a fiscalizar jurídica y financieramente la administración estatal.
El plan de fomento económico
Las medidas de estabilización adoptadas en la administración de Ibáñez
resultaron exitosas. Permitieron que el Estado tuviera un creciente superávit
durante los primeros años y sentaron las bases para la realización del objetivo
central de esta administración: asumir el fomento de la economía nacional
como la principal tarea de su gobierno. Si bien los excedentes obtenidos tras el
reordenamiento del aparato fiscal no fueron suficientes para financiar un plan
de fomento de largo alcance, permitieron aumentar el prestigio financiero del
país en el exterior. Esto posibilitó la obtención de créditos internacionales,
que se adquirieron con la intención de realizar una alta inversión inicial, cuyo
pago se efectuaría a largo plazo.
Con los recursos obtenidos de este endeudamiento se ejecutó un plan de Obras
Públicas de gran alcance, destinado a la construcción y reparación de
infraestructura, desde alcantarillado hasta puertos. En este ocupó un lugar
fundamental la construcción de caminos destinados a permitir la movilización
de la gran cantidad de vehículos motorizados que comenzaba a llegar al país.
Estas rutas fueron trazadas con el fin de unir el campo y otros centros de
producción con ciudades y estaciones de ferrocarriles.
Por otra parte, el Estado subsidió a diversos sectores de la economía nacional a
través de la instauración o potenciamiento de diversas Cajas de Crédito y Cajas de Fomento. Ellas tenían por
objetivo la entrega de créditos asequibles y subsidios a privados con el fin de incentivar la producción. Algunas de
estas cajas fueron la Caja de Crédito Agrario, la Caja de Crédito Minero, el Instituto de Crédito Industrial y la Caja
de Fomento Salitrero. Asimismo, en 1931, se creó la Compañía de Salitres de Chile (Cosach), con el objeto de
recuperar los ingresos fiscales sobre la exportación salitrera a través de una fuerte participación estatal sobre la
compra y reactivación de salitreras, introducción de tecnología y nacionalización de la fuerza de trabajo.
