Page 2 - LIBRO INTENTO SOCIALES
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Finalmente, se estableció una nueva ley sobre arancel aduanero destinada a proteger la industria nacional
mediante el encarecimiento de los productos importados. Esta ley facultaba al presidente de la república a
incrementar los aranceles aduaneros hasta en 50 %. También le permitía disminuir en 25 % el arancel sobre
productos de consumo de primera necesidad.
Tal como el plan de estabilización, el plan de fomento obtuvo resultados inmediatos, lo que permitió aumentar la
legitimidad de Ibáñez frente a la ciudadanía.
La caída de Carlos Ibáñez del Campo
La sensación de prosperidad que se experimentó durante los primeros años de la dictadura de Ibáñez llegó a su fin
con la crisis económica internacional, que se inició en octubre de 1929, tras el derrumbe de la Bolsa de Valores
de Nueva York. En Chile, sus efectos se manifestaron a partir de 1930 y, con mayor profundidad, en 1931 y 1932. La
consecuencia social de mayor relevancia fue el aumento del desempleo, sobre todo en la minería del salitre. Así, de
los 91 000 obreros que trabajaban en las salitreras en 1929, solo quedaban 31 000 a fines de 1931. Estos trabajadores
y sus familias se trasladaron a las ciudades, lo que hizo más visibles otros problemas derivados de la crisis, como la
falta de alimentos y la imposibilidad de pagar las habitaciones en que se vivía.
Ibáñez, que ya no estaba respaldado por la amplia mayoría de los partidos políticos y que se había granjeado la
enemistad de todos los relegados, tuvo que enfrentar desde 1930 cada vez mayores dificultades. Las conspiraciones
se hicieron comunes. Una de las más conocidas se desarrolló en septiembre de 1930 y fue denominada el “complot
del avión rojo”. El coronel Marmaduque Grove, el general Enrique Bravo y otras personas se trasladaron en una
avioneta roja desde San Rafael, en Argentina, a Concepción, con el objetivo de levantar a la guarnición de la ciudad.
El intento fracasó y tanto Grove como Bravo terminaron relegados en Isla de Pascua.
En 1931 la situación económica empeoró. Ibáñez, en un intento por controlarla, conformó un “gabinete de salvación
nacional”. El 9 de julio asumió como nuevo ministro del Interior Juan Esteban Montero, quien restableció las
libertades públicas y eliminó las restricciones a la prensa. En el Ministerio de Hacienda asumió Pedro Blanquier,
quien transparentó el desastroso déficit presupuestario. Ambos hechos estimularon la agitación popular, por lo que
el gabinete dimitió a 13 días de haber asumido. De todos modos, la situación no se tranquilizó. El 22 de julio los
universitarios iniciaron una huelga indefinida y al día siguiente obreros de Antofagasta empezaron un movimiento
para poner fin a la dictadura. A estas alturas todo el país estaba movilizado. Frente a este escenario, la policía
recurrió a la represión, a consecuencias de lo cual murieron varias personas. Entonces se sumaron al paro los
médicos, ingenieros, profesores y, además, el comercio cerró sus puertas. Ibáñez, acosado por la efervescencia social
y política, nombró al presidente del Senado, Pedro Opazo Letelier, como ministro del Interior, y el 27 de julio tomó
un tren que lo llevó hasta Argentina.