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Martes, 14 de Abril del 2020, 07:21

Frente a lo expuesto, fundamentado y anunciado por Gustavo Enrique Madero Muñoz, no me queda la menor duda
de que en los últimos casi doce años ha vivido y grillado en otro país, o de plano se ha dedicado a vivir del
presupuesto y, hasta la fecha, no sabe de la existencia de esa entelequia burocrática llamada Secretaría de la
Función Pública, porque de otra forma ya habría pedido la desaparición de esta dependencia y que metieran a
chirona a quienes han sido sus responsables, entre ellos el embajador Pancho Barrio.

Lo anunciado por Madero tiene todas las características de la ramplona demagogia de funcionarios públicos que
consideran a los ciudadanos menores de edad y se alzan cómplices de los delincuentes de cuello blanco que
saquean las arcas, negocian por encima de las leyes y se enriquecen sin rubor. Total, la ley es benevolente para
estos ladrones sexenales.

Cuando Arturo Durazo Moreno y Jorge Díaz Serrano fueron encarcelados, margen aparte del motivo legal
esgrimido para proceder penalmente en su contra, fueron emblema de la corrupción galopante en la administración
de José López Portillo y Pacheco que fue veta de nuevos ricos.

Entonces, en la naciente administración de Miguel de la Madrid Hurtado, se creó la Secretaría de la Contraloría
General de la Federación. Y su primer titular, Francisco Rojas Gutiérrez, no hizo nada ejemplar, que no fuera el
cobro de facturas políticas, como hicieron sus sucesores en administraciones posteriores, hasta los papelazos de
Pancho Barrio que no pescó ni charales. Y menos ahora con la Secretaría de la Función Pública que es un elefante
blanco.

Por tanto, si Madero pretende convertirse en adalid de la justicia, lo primero que debe hacer es dejarse de
baladronadas y anuncios populistas. ¿Por qué no demandar investigar a los nuevos ricos del sexenio de Felipe
Calderón y a Calderón mismo?

Los días de la Secretaría de la Función Pública están contados, aunque se corre el riesgo de suplirla por otro ente
que sirva de parapeto para dizque combatir a la corrupción en la administración pública, en los tres niveles de
gobierno. Conste.

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QMX/msl

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