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Gráfico 54. Impacto de las prestaciones sociales (% excluyendo pensiones) sobre la tasa de riesgo de pobreza en España y la UE (2017)
Finlandia Irlanda Dinamarca Hungría Suecia Francia Eslovenia Chequia Austria Reino Unido Países Bajos Bélfica Polonia Chipre Luxemburgo Unión Europea Alemania Eslovaquia Malta Estonia Croacia España Lituania Portugal Letonia Bulgaria Italia Rumanía Grecia
Fuente: Eurostat.
56,9% 52,6%
51,0% 46,4%
46,1% 44,8%
44,6% 42,4%
42,2% 41,8%
39,7% 39,5%
37,5% 35,9%
35,5%
34,0%
33,2% 29,1%
29,1% 27,3%
24,8%
23,9%
23,2% 22,5%
21,9% 19,9%
19,4% 16,6%
15,8%
Las cuantías de la mayor parte de transferencias en forma de subsidios no contributivos son demasiado bajas. Estas están ligadas al indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), generalmente al 80 por ciento de éste (430,27 euros mensuales en 2019 y que lleva desde 2017 congelado, habiéndose producido en este año una única subida de 5 euros mensuales en el indicador por primera vez desde el año 2010) y además se exigen condiciones adicionales como no tener ingresos de otras fuentes o tener responsabilidades familiares. Estas condiciones de acceso restrictivas dejan fuera a personas en situación de riesgo de pobreza y exclusión que no se encuadren en las contempladas en la normativa.
Un ejemplo concreto de estas prestaciones es la prestación por desocupación. En el año 2018, según datos del SEPE, el 34 por ciento de los parados tenían una prestación no contributiva por desempleo, frente al 24,2 por ciento que recibían la prestación contributiva, más generosa. Al comienzo de la crisis la situación era la inversa: en el año 2008 el 44,6 por ciento de los
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