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La CODHEY sigue de cerca
varios “toques de queda”
Según el Diario Yucatán (2020):
La Comisión de Derechos Humanos de
Yucatán (Codhey) prepara medidas
cautelares contra los ayuntamientos de
Progreso y de Kinchil por aplicar
restricciones que violan los derechos
humanos.
Una primera medida cautelar contra el
Ayuntamiento de Umán por los mismos
motivos, ocasionó que el alcalde Freddy Ruz
Guzmán levantara ayer, como informamos
en otra nota, el “toque de queda” que
impuso la semana pasada como una forma
de controlar la salida de la gente de sus
hogares y evitar los contagios y propagación
del coronavirus.
El investigador de la Unidad de Ciencias
Sociales de la Uady, doctor en Sociología
Othón Baños Ramírez, calificó el “toque de
queda” de algunas autoridades municipales
como “una medida ilegal a todas luces”.
En entrevista, Miguel Óscar Sabido Santana,
titular de la Codhey, recordó que la
comisión tiene abierto un proceso contra
Umán por este tipo de situaciones de
impedimento de libre tránsito, y también
contra Kinchil y Progreso por esos motivos.
Hace 15 días la Codhey envió un primer
comunicado a las autoridades estatales y
municipales donde pedía que si bien deben
dictar medidas para proteger la salud de la
población, éstas no puede ser violatorias y ni
deben de restringir los derechos humanos de los
ciudadanos. “No pueden transgredir los derechos
humanos como el hecho de limitar, prohibir o
restringir el tránsito de las personas, eso no es
posible, no es correcto, no hay un estado de
excepción determinado por el gobierno federal,
que es la única autoridad facultada mediante el
presidente de la República, con autorización del
Congreso de la Unión, que tiene la facultad de
decretar esta medida extrema”.
El ombusdman yucateco dijo que otros casos
que atiende la Codhey son una queja de unas
personas contra un retén policiaco en Dzilam de
Bravo que no les permite entrar a un terreno de
su propiedad y de la pareja de ciudadanos de la
tercera edad de origen estadounidense que vive
en San Crisanto desde hace años.
En el primer caso ya integran el expediente y
en el segundo recaban la información oficial
de las autoridades y también está en espera
de la mediación que hay entre las autoridades
estatales, municipales y los pobladores del
puerto para solucionar en forma pacífica esta
prohibición de que los extranjeros ocupen su
vivienda en el puerto.
Figura 8. Habitantes de
San Crisanto