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OPINIÓN

En esta sección contaremos con la opinión de algún experto en nuestras disciplinas en torno a un
tema relevante y actual, de manera breve, con la finalidad de generar inquietudes para un
posterior abordaje en forma más amplia. En este primer número contamos con la participación
del Dr. José Manuel Mayorga Sánchez de una destacada trayectoria en el ámbito de la función
pública y en el ámbito académico.

El aparato militar policial en el acontecer político criminal en México.

José Manuel Mayorga Sánchez

La delincuencia, con los agentes ocultos que procura, pero también con el rastrillado generalizado que autoriza, constituye un
medio de vigilancia perpetua sobre la población: un aparato que permite controlar, a través de los propios delincuentes, todo
el campo social.
Michel Foucault
Sin duda que ante el incremento de la denominada delincuencia organizada y, en general, la forma
violenta como se están concretando las conductas delictivas ha propiciado que el Estado se vea
legitimado empleando cualquier medio de control que se encuentre a su alcance: incremento de la
punibilidad, aplicación de la prisión, como si fuera la única sanción a su alcance y el empleo del
ejército en labores de seguridad pública, que se supone corresponde, entre otros a los cuerpos
policíacos. Sin embargo, esto propicia la aparición de otros problemas como la tortura utilizada por
los integrantes de la milicia.
Aunque muchos aplauden la aparición del ejército en las calles, la realidad nos refleja que con
la participación de los integrantes de las fuerzas armadas en labores que corresponden a la policía,
se ha propiciado el uso de violencia que se ha extendido aún más allá de aquellos que concretan
conductas delictivas.
Aún más, la seguridad pública tiene que ver con la certeza que el Estado debe brindar a los
intereses y libertades fundamentales de los miembros del núcleo social, lo que incide directamente
sobre la mejora de las condiciones de vida de aquellos, por lo que la seguridad pública no puede
quedar reducida a la función represiva del Estado, sea por parte de los órganos de procuración o
administración de justicia, de la policía o del ejército.
En realidad, no debe perderse de vista que la seguridad pública se encuentra relacionada
directamente que los aspectos de la política social que permite cubrir diferentes necesidades de los
integrantes de la sociedad a través de la Rectoría del desarrollo Nacional a cargo del Estado, tal
desarrollo debe ser integral y sustentable, aspectos que desde luego no se alcanzan con el empleo
del brazo punitivo del Estado.
Un Estado de Derecho como potencialmente es México debe fundamentarse en el respeto de
los Derechos Humanos, cuya protección se vio fortalecida con la reforma constitucional de 2011, por
lo que cualquier política pública debe partir precisamente de la protección de los Derechos Humanos;
de tal manera que cuando la seguridad pública se coloca en su sentido estricto referente a la política
criminológica ha de sustentarse en estrategias de prevención, en primer término sin un cariz punitivo,
dirigiéndose a los aspectos que subyacen a la realización del delito y que no se resuelven con el
empleo de la fuerza o con una sanción privativa de libertad.

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