Page 18 - MONTT LATIN AMERICAN MAGAZINE, OCTUBRE 2021 (Español)

Cuba: Continuarán Marchas Cívicas Pese a las Prohibiciones
Por primera vez en la historia, un colectivo
le solicita permiso al Gobierno para realizar una manifestacion pacífica. La diferencia entre esta nueva acción, y el estallido social de julio, es que ahora se trata de un acto político premeditado, provocativo que evidencia la actitud antidemocrática de las autoridades.
El colectivo Archipiélago, con el dramaturgo Yunior García Aguilera a la cabeza, mantiene el 15 de noviembre como fecha para las denominadas Marchas Cívicas por el Cambio, pese a la prohibición del Gobierno cubano. El castrismo, temeroso de la repercusión alcanzada hasta ahora por la convocatoria, anunció su prohibición taxativa; su respuesta indicó que el sistema socialista impuesto en la isla es “irrevocable”, tal y como dicta el artículo cuatro de la nueva Constitución.
Los motivos para las movilizaciones son el reclamo de “la liberación de todos los presos políticos, el fin de la violencia, que se respeten todos los derechos de todos los cubanos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas”. La convocatoria, inédita en Cuba –nunca antes se había pedido permiso oficial para realizar una marcha abiertamente opositora-, estaba prevista inicialmente para el 20 de noviembre, pero tras darse a conocer la fecha el Gobierno anunció unos ejercicios militares entre el 18 y el 20 de noviembre en todo el país sin hacer referencia a la manifestación. De inmediato, Archipiélago interpretó el movimiento como un mensaje indirecto y “una amenaza”, y cambió la fecha para el 15.
Civismo y Autoritarismo
Yunior García, como el resto de los activistas, presentaron cartas ante diversos gobiernos municipales solicitando permisos, invocaron para marchar el 15-N el artículo 56 de la Constitución, que ampara el derecho de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos.
Esta marcha difiere de las protestas que sacudieron a la isla el pasado 11 y 12 de julio, porque la explosión de entonces fue espontánea por parte de la población debido a las penurias económicas sufridas y a la falta de libertad, pero la que se está organizando ahora es un reto político explícito, porque existe un reclamo abierto al Gobierno de respetar los espacios legales existentes para expresar pacíficamente en las calles la disconformidad con el sistema. “Queda claro con esta respuesta que el Gobierno no está dispuesto a entablar ningún tipo de diálogo civilizado ni de abrir espacios políticos a los ciudadanos”, aseguró García horas después de recibir la notificación del intendente de La Habana Vieja, Alexis Acosta, prohibiendo la marcha. Esta pretende recorrer en silencio el malecón y algunas calles del centro histórico para depositar una ofrenda floral ante la estatua de José Martí en el Parque Central, al lado de la sede del Parlamento, acto en el que calcula la participación de unas cinco mil personas. Pese a la prohibición, los organizadores anunciaron su decisión de mantener la convocatoria y de manifestarse el 15 de noviembre. García y los miembros de Archipiélago aseguran que ejercerán de igual modo sus derechos y responderán “con civismo y más civismo al autoritarismo”.
El propio presidente del Tribunal Supremo Rubén Remigio Ferro opinó tras las protestas de julio que no era delito pensar diferente, sino un derecho reconocido constitucionalmente.
La Situación de
Derechos Humanos
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Human Rights Watch documentó en detalle violaciones de derechos humanos contra 130 víctimas en 13 de las 15 provincias cubanas. Entre julio y octubre, la organización de derechos humanos entrevistó a más de 150 personas, entre ellas activistas, víctimas, familiares, periodistas, y abogados con conocimiento directo de los casos, y concluyó que los abusos contra los manifestantes siguieron un plan deliberado cuyo único propósito era acallar, como fuese, a los manifestantes. Hubo más de mil personas arrestadas sin ningún motivo. Todavía hay 500 que siguen encarceladas y muchas otras bajo reclusión domiciliaria con la amenaza de un castigo peor si salen de sus viviendas.
En la mayoría de los casos —señala el informe— los detenidos estuvieron incomunicados y fueron maltratados. Los testimonios han dado cuenta de la dureza del régimen cubano: a algunas víctimas las castigaron obligándolas a hacer sentadillas desnudos, a otras las encerraron en celdas sin luz, en donde no sabían si era de día o de noche, muchas otras recibieron amenazas directas. Les decían que si seguían protestando habría represalias contra sus familias. “Hay una misma metodología, es una política de Estado para frenar de raíz cualquier esfuerzo del pueblo por ejercer su derecho a la protesta pacífica”, expresó José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch .