Page 9 - MONTT LATIN AMERICAN MAGAZINE, MARZO 2018, ESPAÑOL

Ecuador: Inician Debate sobre Ley Amazónica y Derogan Ley de Plusvalía
Intensa actividad desarrolla la Asamblea Nacional del país al debatir y examinar la ley que regulará el desarrollo de la Amazonía y la norma que derogará la Ley de Plusvalía, para evitar la especulación de la tierra.
La Asamblea Nacional inició el debate sobre la denominada Ley Amazónica, que crea los lineamientos para ordenar el territorio de esa zona, observando los aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales, considerados por ese país como necesarios para garantizar el desarrollo humano y el respeto por los derechos de la naturaleza.
Los objetivos del proyecto de ley son promover el desarrollo equitativo, la conservación de los ecosistemas, su desarrollo sostenible, la biodiversidad, el derecho a la educación en todos los niveles, su patrimonio cultural, lo que los legisladores denominan memoria social, la interculturalidad y la plurinacionalidad, a fin de compensar lo que los parlamentarios estiman como las inequidades existentes.
La iniciativa se financiará con el Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico y el Fondo Común para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. La primera entidad funcionará en virtud de una asignación equivalente al cuatro por ciento del precio de venta por cada barril de petróleo que se extraiga en la región, que en ningún caso deberá ser inferior a los dos dólares. El segundo Fondo obtendrá recursos del 60 por ciento de las regalías mineras, de acuerdo a lo establecido en la Ley del rubro; el 30 por ciento del superávit que obtengan las empresas públicas generadoras de electricidad en fase de operación y del 12 por ciento de las utilidades de la actividad de hidrocarburos.
Distribución del Financiamiento
El proyecto prevé que dentro de los primeros 10 días de cada mes, el Banco Central del Ecuador (BCE) transfiera directamente los recursos del primer fondo según la siguiente repartición: 26 por ciento para los gobiernos autónomos descentralizados provinciales amazónicos; 58 por ciento para los gobiernos municipales; 10 por ciento para los gobiernos rurales y, seis por ciento para el Fondo Común, el cual será administrado por la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
Estos recursos serán utilizados por los gobiernos autónomos descentralizados provinciales o exclusivamente para la inversión en fomento productivo y agropecuario, vialidad y sistema intermodal de transporte y gestión y reparación ambiental. También para los municipios, para inversión en servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas
residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento, gestión y reparación ambiental y los gobierno rurales, para inversión en sus competencias. Sobre el aspecto social, se fortalecerá el sistema de educación en todos los niveles, así como la investigación, formación y capacitación.
Igualmente, se espera establecer programas de medicina preventiva, fomentar el funcionamiento de hospitales de docencia e investigación que incorporen la medicina natural y los saberes ancestrales; programas de vivienda digna y adecuada al entorno y la atención prioritaria a grupos vulnerables.
Ley de Plusvalía
Por otra parte, el pleno de la Asamblea se dispone a analizar el informe para el debate del proyecto de ley que evita la especulación sobre el valor de la tierras y fijación de tributos, llamada Ley de la Plusvalía.
Se espera su derogación que es el resultado de la consulta popular del pasado 4 de febrero, donde el 63 por ciento de los ecuatorianos votó a favor de eliminar ese cuerpo legal.
Según el informe esa normativa, aprobada en el 2016, generó un debate y afectó al mercado inmobiliario y al sector de la construcción. De acuerdo con la Asociación de Promotores Inmobiliarios del Ecuador, la Ley de Plusvalía en los dos últimos años disminuyó el Producto Interno Bruto en al menos mil 500 millones de dólares. Además, explicó la asociación, la disposición dejó a 115 mil personas sin empleo y ocasionó el cierre de empresas de la construcción.
El país registra un déficit de vivienda de 110 mil, debido a la promulgación de esa norma. La ley no controló la especulación de tierras, sino que frenó al sector y generó desconfianza para invertir. Por eso, explicó la asociación, existen proyectos inmobiliarios paralizados. La publicación de Cuentas Nacionales Trimestrales del Banco Central coincide con los representantes inmobiliarios: la industria de la construcción de vivienda registró un decrecimiento de un -1,7 por ciento en el segundo trimestre de 2017 y de un -7,9 por ciento con respecto al segundo semestre de 2016. El informe confirma que la caida del sector afecta a la oferta de trabajo y terminó incrementando la tasa de desempleo en el país.
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