Page 19 - MONTT LATINAMERICAN MAGAZINE, ABRIL 2018 (Español)

Senado Colombiano Aprueba Proyecto para Combatir Cibercrimen
Colombia adhirió al Acuerdo Internacional de Budapest que crea una política mundial en contra de esos delitos. Por otra parte, el Ministerio de Justicia envió al Congreso un Proyecto de Ley de Depuración Normativa, que persigue simplificar y racionalizar el ordenamiento jurídico.
En sesión plenaria del Senado se aprobó el Proyecto de Ley No 58, que se acoge al Acuerdo de Budapest con el cual se busca construir una política mundial común contra la ciberdelincuencia y combatir los delitos cometidos a través de redes informáticas, entre ellos la pornografía infantil y la violación a los derechos de autor.
Los legisladores sostuvieron que son alarmantes las cifras de ataques informáticos que se registran en Colombia, con más de 540 mil casos diarios. Con la aprobación de este convenio, ese país participará en el único marco internacional vigente que aplica una política penal común para proteger los derechos de las personas por medio de la cooperación internacional, lo que le permitirá detectar con mayor facilidad la ocurrencia de ataques cibernéticos.
Red de Vigilancia
En los próximos días el proyecto deberá ser discutido en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, donde se espera reciba el respaldo para que termine su trámite y se convierta en ley. El Convenio de Budapest es un acuerdo internacional que tiene como objetivo hacer frente a los delitos informáticos y en Internet mediante la armonización de leyes nacionales, la mejora de las técnicas de investigación y el aumento de la cooperación entre los Estados y su relación con el sector privado, con el fin de prevenir los delitos en la red.
Igualmente, facilita la adopción de medidas para detectar y perseguir, tanto en territorio nacional como en área internacional, a los posibles ciberdelincuentes. Como parte del acuerdo, se prevé la creación de una red que opere 24 horas de los 7 días de la semana, para garantizar una rápida cooperación internacional que reaccione frente a algún tipo de incidente. En consecuencia, en casos que suponen el uso ilícito de las redes de comunicación, el convenio permite investigar y judicializar estos crímenes para que
ese país no se convierta en un paraíso donde los ciberdelincuentes extiendan sus redes. Colombia avanza hacia una Economía Digital y por eso este tipo de convenios son la clave para proteger a la ciudadanía ante diferentes dificultades de este tipo.
Depuración Normativa
Por otra parte, el Ministro de Justicia envió al Congreso el Proyecto de Ley de Depuración Normativa, que persigue simplificar y racionalizar el ordenamiento jurídico colombiano, mediante la eliminación definitiva de normas obsoletas, de acuerdo con el régimen constitucional vigente.
Desde 2014 la Secretaría de Estado venía desarrollando el proceso de identificación de las normas para analizarlas y clasificarlas, teniendo en cuenta las causales de eliminación. Luego, las remitió a los 24 sectores de la administración pública, los cuales tomaron las decisiones finales.
El estudio arrojó que 15 mil 772 normas (10 mil 686 leyes, mil 355 decretos leyes y tres mil 731 decretos legislativos) eran potencialmente depurables, y se propuso eliminar 11 mil 819. Con esta iniciativa, el Gobierno Nacional espera incluso hacer prescribir normas vigentes desde el siglo XIX.
Gracias a este proyecto de ley, Colombia se pondrá al día con países como Francia, donde recientemente se llevó a cabo un proceso similar. También con Argentina, que tenía más de 32 mil leyes y que dejó sólo el 10 por ciento de ellas y Perú, donde se derogó el 34,7 por ciento de las normas que ya no se usaban.
La cartera de Justicia espera fortalecer el sistema normativo del país para ofrecer un mayor grado de seguridad jurídica a los ciudadanos. El Ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, expresó que: “Este barrido nos permitirá tener un acervo normativo para no perdernos en esas casi 12 mil normas que causan caos”, puntualizó el alto funcionario.
Intermediación Inmobiliaria
El proyecto de Ley No124, que impulsa la Intermediación Inmobiliaria, fue despachado al Congreso y se espera que en las próximas semanas haya un pronunciamiento legislativo.
La iniciativa tiene por objeto proteger e incentivar la labor de quienes trabajan de manera formal en el rubro, ya sean personas naturales o jurídicas. Con este proyecto se busca disminuir el índice
de informalidad que tanto afecta al sector y, por supuesto, brindar un mejor servicio a quienes invierten en negocios relacionados con esta industria.
El proyecto también aclara aspectos del día a día de la gestión de intermediación, que hasta ahora carecen de un fundamento normativo y que generan inseguridad jurídica, no solo para el inmobiliario, sino también para el cliente.
Entre ellos están las obligaciones de las partes, su alcance y, así mismo, su responsabilidad. Lo más valioso de la iniciativa son las condiciones mínimas de formalidad e idoneidad que tendrá que acreditar quien realice las gestiones, no solo para contrarrestar a quienes actúan en contra de las disposiciones, sino para incrementar la calidad en el servicio.
Montt Latin American Magazine p19