Page 13 - MONTT LATINAMERICAN MAGAZINE, MAYO 2018, español

notable, el juez federal de Curitiba, Sergio Fernando Moro, dieron cauce judicial a estas demandas y, por primera vez en la historia de esa nación, comenzaron a enfrentar a los “intocables”, gracias al procedimiento de la delación compensada.
Fue así como el juez Sergio Fernando Moro asumió la investigación de la llamada OperaciónLavaJato(LavadodeAutosaPresión), la mayor iniciativa contra la corrupción en la historia de Brasil, que destapó un gigantesco escándalo de sobornos en la petrolera Petrobras. La tarea de la justicia evidenció una red de proveedores que pagaban millonarias coimas para adjudicarse contratos, que luego los ejecutivos de la entidad estatal se repartían y usaban para comprar a políticos en el Parlamento, a fin de conservar sus cargos. Esta misma investigación llevó a la detención de uno de los principales empresarios del país, Mauricio Odebrecht, dueño de la constructora del mismo nombre y estalló otro escándalo de proporciones, que implicó el soborno a funcionarios de los Gobiernos de 12 países en Latinoamérica, Estados Unidos e incluso Europa para adjudicarse obras públicas, sin tener las condiciones requeridas para acceder a dichas licitaciones.
La inspiración de Moro fue el legendario juez italiano Antonio di Pietro que organizó la operación Manos Limpias, Tangentópolis o Villa Soborno en Italia de los 90 y que descubrió un sistema de corrupción generalizada para financiar los partidos políticos.
Gracias a la voluntad de este jurista brasileño, que aplicó el principio de la delación compensada, la nación lidera un movimiento anti-corrupción inédito en Latinoamérica. Es más. Brasil representa uno de los mayores esfuerzos mundiales contra este flagelo. Demostró que, pese a todo, la justicia está operando. Pero no sólo eso: este espíritu comienza a extenderse por el resto de los países de la región.
Argentina y Bolivia
Por ejemplo, en Argentina, a principios de 2018 entró en vigencia la nueva Ley de Responsabilidad Penal de las Empresas, con multas de “dos a cinco veces el beneficio indebido” y “suspensión total o parcial de las actividades, hasta por 10 años”. El reglamento de esta norma se acaba de redactar y creó la Oficina Anticorrupción, organismo encargado
de fijar los lineamientos de los programas de integridad y transparencia. Pero no sólo eso. En ese país está ocurriendo un movimiento que podría llegar a parecerse al brasileño. Liderados por el procurador general interino, Eduardo Casal, un grupo de fiscales argentinos acordó una vía para acceder a la información que duerme en Brasil sobre las millonarias coimas que la constructora Odebrecht pagó en Argentina entre 2007 y 2014.
En Bolivia esta tendencia también llegó, aunque no tiene que ver directamente con corrupción, pero sí con un importante ilícito, se aprobó la Ley de Fortalecimiento de Lucha Contra el Contrabando. La norma se aplica a personas naturales y jurídicas que transportan, comercializan o almacenan mercancías incumpliendo el control aduanero. Al mismo tiempo se creó un Viceministerio con diversas atribuciones para velar por el cumplimiento de la reciente disposición.
En Brasil, las cláusulas anticorrupción que se aplican en la actualidad están contenidas en la Ley No 4.850 de 2016. Pero el país continúa agregando hasta el día de hoy nuevas normas impulsadas por los movimientos sociales anticorrupción. Hace pocos días se obligó al Tribunal Supremo Federal de Brasil a restringir el denominado “fuero privilegiado” de senadores y diputados, lo cual permitirá mayor libertad para continuar desmantelando a la élite política, porque como dicen los jueces, la Operación Lava Jato es apenas “la punta del iceberg”,
Colombia, Chile y Perú
En Colombia, el Senado aplazó para principios de junio la decisión de realizar una consulta anticorrupción que permitirá a la ciudadanía decidir sobre la implementación de siete modificaciones al Estado que reducirán ciertas facultades y beneficios de los funcionarios públicos. Entre otras cosas se propone disminuir el sueldo de los legisladores de 12 mil a siete mil dólares.
En Chile, en el plazo de dos meses, el Ejecutivo anunció que enviará un proyecto de ley al Congreso donde se abordarán varios temas vinculados con la probidad. Entre otros, una agenda anticorrupción, la denominada Ley de Transparencia 2.0 y la modernización del Estado y el Congreso Nacional. En relación al primer punto, la idea es mejorar la legislación de probidad municipal y de los gobiernos regionales; regular aspectos de
las contrataciones de personal y de bienes y servicios en períodos electorales. También la creación de mecanismos que sancionen el uso de recursos públicos para fines distintos de los previstos por la ley, y la creación de mecanismos legales que establezcan mayores condiciones y regulaciones para el tránsito entre el sector público y el privado, avanzando hacia estándares regulatorios existentes en los países de la OCDE.
Se espera institucionalizar el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, con el objetivo de progresar en la prevención de las faltas a la probidad; la creación de un sistema de denuncias anticorrupción, y la actualización del catálogo de conductas sancionadas, considerando el aumento de las penas relativas a los delitos funcionarios como el soborno y el cohecho.
En cuanto a la Ley de Transparencia, se pretende aumentar los órganos sometidos al control de esta disposición. Relativo a la modernización del funcionamiento del Congreso Nacional el propósito es fortalecer el gobierno corporativo y modificar el sistema de asesorías para que éstas se profesionalicen. En Ecuador, por otra parte, ya se anunció el impulso de leyes de Seguridad; Desarrollo Fronterizo; Lucha contra la Corrupción y Reformas al Código Orgánico Integral Penal. En Perú, tras la destitución del ex Presidente Pablo Kuczynski se están agilizando las acciones anti-corrupción. El Gobierno acaba de crear, vía Decreto, la Secretaría de Integridad Pública en la Presidencia del Consejo de Ministros, que tendrá la “rectoría de la política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción”. El Pleno del Congreso aprobó la Ley No 2.408, que reemplaza al Decreto de Urgencia 003, para asegurar el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado, en casos de corrupción y un proyecto de ley que propone que para trabajar en el sector público sea requisito no tener condena por delitos de terrorismo, su apología, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, trata de personas y delito de corrupción de funcionarios.
En ese país ya existe la Ley de Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas por Delitos de Cohecho Activo Transnacional, cuyo proyecto de reglamento, el Ministerio de Justicia acaba de publicar y se espera aprobar en las próximas semanas.
Brasil representa uno de los mayores esfuerzos mundiales contra la corrupción y el país demostró que, pese a todo, la justicia está operando. Pero no sólo eso: este espíritu se está extendiendo por el resto de los países de la región.
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