Page 14 - MONTT LATINAMERICAN MAGAZINE, FEBRERO 2019 (Español)

la organización se trataría de una de las minas más grandes del mundo— y uranio y decidió invertir 800 millones de dólares, pero descubrió una total falta de leyes respecto de la minería de materiales radiactivos en Perú. Fue así como el Presidente de ese país, Martín Vizcarra, anunció un marco legal para esos efectos en los próximos meses. Por otra parte, Ecuador, un reciente integrante de la Alianza, ha tenido una importante historia minera, pero sin políticas públicas estables y de largo plazo que permitan el desarrollo de una industria sólida. De hecho el sector minero está sometido a un ministerio dedicado a regular y administrar el sector petrolero.
Al igual que otros países de la Alianza, existe excesiva informalidad, de ahí la reciente presentación del Gobierno a la legislatura de una nueva Reforma a la Ley de Minería, que establecerá una estrategia integral para el control y manejo de la minería ilegal, que debería hacerse mediante la convergencia de cinco ministerios. Asimismo, en Ecuador se encuentra en marcha un plan de desarrollo minero que busca responder a una nueva visión institucional, así como garantizar el desarrollo, competitividad y sostenibilidad de esta actividad económica. En los próximo cuatro años se prevén inversiones por US$4 mil millones en el sector. Además, se espera generar US $3 mil millones en exportaciones que crearán alrededor de 25 mil fuentes de empleo.
Colombia, Varias Iniciativas
Colombia se propuso lograr los niveles de desarrollo de los países del sur de Europa en 2030. Para ello se espera impulsar de manera decidida el sector minero y energético, por su contribución a los ingresos fiscales.
Los expertos opinan que para que las industrias extractivas puedan cumplir con ese rol, es fundamental fortalecer la transparencia, la accountability y la
capacidad de gestión de las entidades del sector para reforzar su responsabilidad social y ambiental. El desarrollo de la actividad minera en el país ha tendido a convertirse en un conflicto político y social que vio aparecer, en amplias zonas del territorio nacional, manifestaciones de comunidades que se oponen al desarrollo de esas actividades en su territorio.
En Colombia, el 80 por ciento de la explotación minera es ilegal, la falta de sanciones es preocupante, porque hay muy pocos juicios y castigos.
Posee dos problemas graves en materia ambiental: el narcotráfico y los cultivos ilícitos; ambos generan una gran deforestación, daño a las fuentes hídricas y a la biodiversidad.
El Gobierno culpa al Congreso de no poder avanzar en muchos de los frente conflictivos. Las autoridades presentaron a fines del año pasado una iniciativa legal para combatir la extracción ilícita de minerales, sin embargo se encuentra detenida en la llamada Comisión Primera de la Cámara. También se está a la espera de la aprobación de otra norma para fortalecer la política de disminuir el uso del mercurio y sus devastadoras consecuencias y la autorización de un proyecto de cambio climático, necesario para generar incentivos a las empresas para disminuir las emisiones de dióxido de carbono.
Para lograr una cierta paz social en las zonas más conflictivas, la Sala Plena de la Corte Constitucional acaba de derogar la norma que permitía a los territorios adelantar consultas populares para decidir el futuro de proyectos turísticos y mineros que afectarán significativamente el suelo de cada región. El artículo 33 de la Ley 36 de 1994 establecía el derecho de las comunidades para decidir aquello. En lo que algunos consideran un retroceso, ahora los únicos encargados de establecer si se permiten o no proyectos que puedan amenazar el suelo de los municipios
serán los alcaldes. De manera contradictoria y en paralelo ingresó a la Cámara de Representantes una reformulación del Código Minero, Ley N°685 de 2001. La iniciativa busca un doble objetivo, darle participación a las comunidades donde se realizan las operaciones mineras y buscar un equilibrio que permita el adecuado ordenamiento del territorio.
México, Cambiando Las Reglas
En México, el Gobierno izquierdista de Andrés Manuel López Obrador está transformando las reglas imperantes y los legisladores de su partido político, Morena, presentaron una iniciativa, que de ser aprobada, modificaría la actual Ley Minera y agregaría algunas regulaciones, sobre todo enfocadas a atender las exigencias sociales y equilibrar las condiciones para la obtención de los beneficios de la extracción de los recursos naturales.
Así, busca que cualquier concesión o asignación que sea explotada, “atienda los principios de sostenibilidad y respete los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones donde se establezca”. También se pretende que los responsables de estos proyectos “destinen un monto para el desarrollo humano y sustentables de las comunidades”, además de que tendrán que presentar un informe anual del “impacto social de su lote minero”. En caso de no hacerlo, se les cancelará la concesión de manera automática. Además, faculta a la Secretaría de Economía para que pueda declarar “zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo” y cancelar concesiones por este mismo motivo. Los enfrentamientos derivados de la actividad minera son constantes en México, según cifras del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.
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