Page 9 - MONTT LATINAMERICAN MAGAZINE, FEBRERO 2019 (Español)
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Recuperación de los Bienes de la Corrupción
Noticiario TLN de Argentina, con información sobre los detalles de las casas, embarcaciones, joyas y otros obtenidos por el robo al Estado.
El Presidente de Argentina, Mauricio Macri, recurrió a un Decreto de Necesidad y Urgencia(DNU) para autorizar proyectos que no lograron aprobarse en el Congreso. En esa categoría quedó la ley para la Extinción de Dominio, un cuestionado proyecto para recuperar bienes y dinero producto de delitos de corrupción, terrorismo, lavado de dinero, trata de personas y narcotráfico. La iniciativa, presentada hace dos años, fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero sufrió diversas modificaciones en el Senado, por lo que debía volver próximamente a la Cámara baja para su tramitación. Sin embargo, presionado por un año de elecciones presidenciales, el Jefe de Estado recurrió a un Decreto de Necesidad y Urgencia.
Perseguir a los Políticos Inescrupulosos
La medida busca acelerar la recuperación, a favor del Estado, de los bienes y fondos obtenidos, mediante la comisión de delitos. Se define esta iniciativa como “un mecanismo novedoso y eficaz contra el crimen organizado, ya que se enfoca exclusivamente en la persecución de toda clase de activos que integran la riqueza derivada de la actividad ilícita”.
La norma no es sólo útil para castigar a políticos inescrupulosos que construyen millonarias fortunas a costa del Estado, sino para generar incentivos en la ciudadanía que desea que, además de que se impongan fuertes sanciones, se recupere lo robado.
La disposición es altamente impopular en la oposición, que intentará dar en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo el primer paso hacia la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia. El argumento que ofrece es que la norma puede conllevar, facilitar o habilitar la confiscación de bienes, que es una sanción expresamente prohibida por la Constitución Nacional.
Esta Ley de Extinción de Dominio es una figura jurídica que comienza a ganar
terreno en Latinoamérica. Colombia, Perú, México, El Salvador, Honduras, Guatemala y Bolivia cuentan con ella, mientras que Costa Rica y Ecuador debaten proyectos para su implementación. Mientras que algunas regiones se apoyan en este mecanismo para luchar contra el narcotráfico, otras lo utilizan para combatir casos de corrupción. El común denominador es ir en contra de los bienes de origen o destino ilícito y recuperarlos para el Estado.
Por ejemplo en Brasil, las leyes del arrepentido, de ficha limpia, lenidad y una figura jurídica más amplia de decomiso de bienes, ya trazaron una hoja de ruta.
Inhabilitar Candidatos
La Ley de Extinción de Dominio, en tanto, comparte con estas herramientas su gran aceptación popular. En esa misma línea, inspirado en la norma brasileña denominada de Ficha Limpia, el diputado bonaerense del Frente Renovador, Ricardo Lissalde, presentó un proyecto para inhabilitar a que se presenten como candidatos quienes fueron condenados por casos de corrupción, como pueden ser el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, el enriquecimiento ilícito o el fraude en perjuicio de la administración pública.
Actualmente, la ley vigente sólo impide presentarse como candidatos a quienes tienen sentencia firme, es decir, que haya sido ratificada por el resto de los tribunales superiores de Justicia. El sistema penal argentino tiene hasta cuatro instancias de revisión de las penas, incluso se puede recurrir a la Corte Internacional, lo cual genera casos como el de Carlos Menem, expresó Lissalde.
En diciembre de 2015, el ex Presidente fue encontrado culpable por el juzgado federal por el delito de pago de sobresueldos. En 2018 se ratificó el fallo, sin embargo, hasta que no lo disponga la Corte Suprema, puede presentarse como candidato. La nueva disposición,
de aprobarse, cambiaría radicalmente la situación. Lissalde dijo que lo que se busca reglamentar con esta iniciativa es “el derecho a ser electo, porque de lo contrario, después los responsables de delitos se refugian en los fueros”.
Financiamiento de Campañas Políticas
Por otra parte, el Gobierno propuso la modificación de la Ley de Financiamiento de Campañas, para transparentar los aportes privados durante los períodos electorales. La posibilidad de establecer un tope y algunas regulaciones no contempladas hasta aquí forman parte de lo “negociable” para la Administración Macri.
El Jefe de Estado espera “resolver esas falencias” de la ley vigente, aprobada en 2009. Las autoridades plantearon esta ley originalmente como parte de una reforma electoral y política que incluía el instrumento de votación, mediante el uso de una boleta única electrónica, pero no prosperó por falta de apoyos. Asimismo, el Gobierno impulsará un amplio blanqueo laboral y nuevos beneficios para las Pymes a partir de marzo, cuando se inaugure la nueva legislatura.
Las autorizades comenzaron ya a buscar áreas comunes para consensuar con la oposición un paquete de iniciativas destinado a paliar la crítica situación que atraviesan amplios sectores de la industria y el comercio y frenar el creciente desempleo.
A esa propuesta se sumarían incentivos fiscales e impositivos para pequeñas y medianas empresas, en línea con el anuncio de Mauricio Macri para las economías regionales. El conjunto de disposiciones también incluirá una serie de mejoras financieras para facilitar el acceso al crédito para sectores productivos.
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