Page 19 - CORRUPCION

MONTT GROUP MAGAZINE - 2024
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descubrimientos como que este mismo juez aparece vinculado a Lava Jato. En 2019, Crusoé, un medio de investigación brasileño, publicó un artículo sobre correos electrónicos enviados por el jefe de Odebrecht en 2007 que se referían al señor Toffoli, entonces fiscal general, como “el amigo del amigo de mi padre”, siendo ese personaje Lula, entonces Presidente quien nombró a Toffoli miembro del Tribunal Supremo en 2009. Tras la publicación del artículo, el Tribunal Supremo lo consideró “fake news” y ordenó que se borrara de Internet. Sólo el clamor público obligó a revocar la decisión. Así, abunda el pesimismo sobre la aplicación de medidas anticorrupción en Brasil.
Sanciones para directores y ejecutivos
Si bien existe temor a un retroceso, especialmente en el ámbito empresarial, con todo, y pese a estas anulaciones de un caso tan importante, Lava Jato sirvió para crear las condiciones de anticorrupción, como efecto secundario. Es más, para algunos expertos Lava Jato vino a revolucionar el andamiaje del compliance brasileño que habría madurado mucho en 10 años, al punto que hoy cuenta con los mejores profesionales de la Región, según indican en ese país.
En el escenario corporativo actual, el compliance se ha convertido en una cuestión central para las empresas que operan en Brasil. La creciente complejidad de las regulaciones y la intensificación de la fiscalización por parte de los órganos gubernamentales exigen que las organizaciones estén cada vez más atentas al compliance de normas y legislaciones. Esto no se trata sólo de una obligación legal, sino también de un compromiso con la ética y la transparencia, que son fundamentales para la construcción de una reputación sólida y confiable.
En Brasil, diversas leyes delinean los parámetros del compliance y establecen la responsabilidad de las empresas y sus directores y ejecutivos. Entre las legislaciones más relevantes están la Ley No 12.846/2013 (Ley anticorrupción), la Ley No 6.404/1976 (Ley de Sociedades por acciones), y la Ley No 9.605/1998 (Ley de delitos ambientales). Cada una de estas leyes trae un
conjunto específico de obligaciones y sanciones que buscan cohibir prácticas ilícitas y promover la integridad en las operaciones empresariales. La Ley anticorrupción, por ejemplo, establece la responsabilidad objetiva de las personas jurídicas por actos de corrupción contra la administración pública, mientras que la Ley de Sociedades por acciones define normas de gobernanza corporativa que buscan asegurar la transparencia y la responsabilidad en las prácticas empresariales. A su vez, la Ley de delitos ambientales impone sanciones rigurosas para conductas que causen daños al medio ambiente, reflejando la creciente preocupación por la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental.
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el papel del compliance
El compliance se refiere al conjunto de prácticas y políticas adoptadas por las empresas para garantizar que sus operaciones estén en conformidad con las leyes, regulaciones y normas internas. En Brasil, un programa de compliance eficaz debe abordar varias áreas, incluyendo anticorrupción, gobernanza corporativa y protección ambiental.
Ley No 12.846/2013 (Ley Anticorrupción): Esta ley establece la responsabilidad objetiva de las personas jurídicas por actos de corrupción contra la administración pública, nacional o extranjera. Introduce multas severas y otras sanciones administrativas para empresas involucradas en prácticas corruptas, independientemente de la comprobación de culpa individual de sus directores o empleados.
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