Page 9 - MONTT LATINAMERICAN MAGAZINE, AGOSTO, 2018 (Español)

Argentina: Anuncian Plan de Anticorrupción Nacional
Golpeado por un nuevo escándalo de sobornos y coimas, el Presidente Mauricio Macri anunció una iniciativa para desterrar las faltas de ética en el servicio público y los negocios y proceder a sancionar a los culpables.
El Ejecutivo argentino postergó la presentación del anteproyecto de reforma del Código Penal, pero anunció el lanzamiento de un Plan Nacional Anticorrupción, que regirá en los próximos cinco años.
La Ley de Ética Pública, que el Ejecutivo enviará en las próximas semanas al Congreso, forma parte de esta iniciativa, como asimismo insistir en la aprobación, por parte del Parlamento, de la Ley de Extinción de Dominio, que recupera los bienes o sumas de dinero provenientes de acciones ilícitas en perjuicio de la democracia, un proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados en junio de 2016 y aún espera su tramitación en el Senado. La decisión constituyó una reacción al caso denominado de “los cuadernos de la corrupción”, que estremecieron a los políticos y empresarios argentinos con una ola de detenciones, allanamientos y citaciones judiciales. Se trata de ocho documentos que detallan direcciones, cifras, fechas, nombres y movimientos de funcionarios y hombres de negocios que se reunían de manera periódica para entregar y recibir bolsos con millones de dólares provenientes de coimas en contratos públicos de las industrias de la construcción y de la energía. Cuando esos antecedentes llegaron a las manos de la justicia se generó un verdadero terremoto político.
De ahí que el Gobierno diera a conocer que ya finalizó la redacción de la Ley de Ética Pública, cuyo texto busca modificar a la Ley N˚ 25.188, que data del 29 de septiembre de 1999.
Conflicto de Intereses
La nueva disposición penaliza el nepotismo e involucra a todas las jerarquías del servicio público, hasta el rango de ministros y suma a los vínculos de hasta segundo grado de todos los senadores y diputados de la Nación, a los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. Los cambios incluyen nuevas normas para las declaraciones juradas que tiene que ver con la ampliación de los datos, como incluir créditos y deudas; información de los familiares como hijos y cónyuge; cambia el criterio para declarar el conjunto de inmuebles y se suman los fideicomisos en el país y en el extranjero.
El capítulo de “conflicto de intereses” es el que más afecta a los miembros del Gabinete y es definido como “cuando concurren a la vez el interés público propio del ejercicio de las funciones con un interés particular, sea o no de carácter económico”. Allí abre la opción de venderlos a “un tercero no relacionado” o “construir un fideicomiso
ciego”, que fue la elegida por Macri para administración sus bienes. La nueva norma establece que las personas deben desprenderse de “acciones u opciones sobre estas, bonos o cualquier otro título de valor emitido por sociedades anónimas abiertas”. También se incluyen limitaciones posteriores al cese de la función en el cargo. El proyecto también define un régimen de obsequios a funcionarios, en el sentido que quedan vedados de recibirlos durante el servicio público, salvo los regalos de cortesía, protocolares o gastos de viaje.
La prensa sajona, específicamente The New York Times, dudó de la efectividad de la medida. Sostuvo, en una de sus últimas ediciones, que: “Este caso podría ser el inicio de una revolución política, el punto de no retorno de este país sudamericano para combatir la impunidad en casos de corrupción. Pero será difícil que así sea. La opacidad en el manejo del dinero público ha afectado la calidad de la democracia y economía argentina, al punto que el Gobierno vacila en ir a fondo contra la corrupción para evitar las consecuencias económicas y electorales que podría causar. Mientras tanto, el desencanto social y la desconfianza en el sistema político siguen aumentando”. Agrega el medio que la ley de delación compensada no producirá tanto efecto como la existente en Brasil, ya que a diferencia de ésta, la vigente en Argentina no siempre evita la cárcel, además de que “el Gobierno de Macri no solo no ha sancionado a las empresas corruptas, sino que ratificó sus contratos en obras públicas”.
Arbitraje Comercial Internacional
Por otra parte, la Cámara de Diputados convirtió en Ley el proyecto de Arbitraje Comercial Internacional, una norma que permite organizar en el país tribunales para saldar disputas comerciales y que brinda seguridad jurídica para las inversiones extranjeras. Lainiciativadisponedeunmarcolegalparalacooperación y resolución de conflictos comerciales internacionales, controlando todas las etapas del proceso arbitral de acuerdo con los principios mundiales de esta práctica. La ley prevé que las partes podrán resolver sus potenciales conflictos ante un tribunal arbitral en la Argentina, además de nombrar a los árbitros y la sede arbitral, entre otras disposiciones.
Se recurre al arbitraje internacional cuando las empresas han agotado sus posibilidades de negociación respecto a una disputa comercial.
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