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una herramienta de política pública clave para hacer frente a las crisis habitacionales derivadas de los desahucios por impago (de viviendas en propiedad, o de alquiler) de aquellas personas y unidades familiares en situación de extrema vulnerabilidad socio-económica.
El problema del acceso de los jóvenes a la vivienda dentro de su proceso de emancipación presenta también tintes particularmente preocupantes. El apoyo de las administraciones públicas a los jóvenes para facilitarles el acceso a una vivienda digna y adecuada resulta imprescindible en un contexto de precariedad laboral y altos precios de la vivienda. Esta ayuda puede vehicularse a través de apoyos directos al alquiler para jóvenes con escasos recursos económicos, o facilitando a los jóvenes el acceso a una vivienda en régimen de propiedad mediante la concesión de una subvención directa para su adquisición.
Otros grupos pueden experimentar también particulares dificultades a la hora de acceder a una vivienda en el mercado (hogares monoparentales, mujeres emancipadas muy jóvenes, familias numerosas jóvenes, minorías étnicas como los gitanos, población de origen inmigrante, jóvenes extutelados, personas sin hogar, etc.), por lo que diversas iniciativas públicas (desde la provisión de vivienda social, las ayudas al alquiler, la intermediación con avales públicos o la mediación que proteja frente a problemas económicos coyunturales tanto al inquilino como al arrendatario) deberán ser articuladas para tratar de garantizar que el coste de la vivienda no supere el límite máximo tolerable del 35% de sus ingresos para los hogares vulnerables.
Articular una política de prevención y lucha contra el sinhogarismo, con el fin de que las personas sin hogar restauren su proyecto de vida y se reincorporen a la sociedad, constituye otra prioridad para esta Estrategia. El desarrollo e implementación de la Estrategia Nacional Integral de Personas sin Hogar 2015-2020, es el instrumento principal que articula la política de la prevención y la lucha contra el sinhogarismo destinada a que las personas sin hogar restauren su proyecto de vida y se reincorporen a la sociedad. Los extutelados, que con frecuencia se encuentran en riesgo de convertirse en personas sin hogar, también recibirán atención preferente en los programas de prevención del sinhogarismo.
Esta Estrategia plantea la necesidad de desarrollar programas de regeneración y renovación urbana destinados a la financiación de obras de rehabilitación en edificios y viviendas, de reurbanización de espacios públicos y, en su caso, de edificación de edificios o viviendas en sustitución de edificios o viviendas demolidos. Se apuesta por un modelo urbano sostenible en el que se identifiquen una serie de objetivos estratégicos como el fomento de la cohesión social y la equidad, la garantía del derecho de acceso a la vivienda a quienes más lo necesitan, todo ello en el marco de unas ciudades medioambientalmente sostenibles, económicamente competitivas y socialmente inclusivas.
La pobreza energética es otra de las dimensiones en las que se manifiesta la vulnerabilidad socio-económica, aunque ésta presenta una serie de particularidades propias que hacen que también pueda afectar a colectivos que no necesariamente se encuentren en riesgo de pobreza o exclusión social. Los problemas de pobreza energética han ido acrecentándose de la mano del deterioro económico y el incremento de los precios de la energía. La Estrategia Nacional contra la pobreza energética pretende abordar aquellas circunstancias en las que los
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