Page 98 - OPOSOCIAL - Estrategia_Prev_y_Lucha_Pobreza_2019-23

hogares sufren dificultades para afrontar los gastos relacionados con la energía, materializadas en su incapacidad para mantener el hogar a una temperatura adecuada, la acumulación de retrasos en el pago de las facturas, o la restricción extrema en el consumo. Las principales medidas dirigidas a abordar esta circunstancia pretenden reducir el número de personas en situación de pobreza energética a partir de la reforma de los bonos sociales (eléctrico y térmico, de modo comprensivo y automático) con objeto de mejorar su eficiencia, eficacia, y de incrementar su cobertura y penetración entre los grupos vulnerables.
Se plantea también la financiación de obras de mejora en la eficiencia y la sostenibilidad energética en hogares vulnerables (cambio de equipos térmicos y elementos de la envolvente de la vivienda vía subvención para consumidores vulnerables, financiando hasta el 100% del coste de la medida), la rehabilitación integral de edificios en mal estado de conservación en cascos urbanos o terreno rural donde residan habitantes vulnerables, así como el establecimiento de ayudas a las personas mayores para el pago de los gastos de mantenimiento, comunidad o suministros básicos de la vivienda en propiedad o usufructo.
Se pretende elaborar también un protocolo para los profesionales sanitarios para la identificación de los problemas de salud potencialmente relacionados con la pobreza energética y su derivación a los servicios sociales.
La pobreza se puede agravar también en el entorno rural, donde pueden producirse graves problemas de despoblación, abandono del territorio, envejecimiento y masculinización de la población y limitadas perspectivas de empleo. Este tema constituye el eje central del Comisionado del Gobierno para el Reto Demográfico, responsable de la elaboración de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico que abordará esta problemática.
En el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, actualmente en curso y en ejecución, se incluyen diferentes medidas: ayudas al alquiler para las unidades de convivencia con menos recursos con atención especial a los jóvenes y a los mayores de 65 años; ayudas a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual ya sea por impago de préstamo hipotecario o por impago del alquiler; ayudas para el fomento del parque, tanto público como privado, de viviendas que se vayan a destinar al alquiler durante un plazo mínimo de 25 años con renta limitada y para unidades de convivencia con recursos limitados; ayudas a la mejora de la eficiencia energética y de la accesibilidad de nuestras viviendas; ayudas para la regeneración y renovación urbana de aquellos ámbitos que lo necesiten con mención expresa de los supuestos de infravivienda y chabolismo; ayudas, vinculadas al reto demográfico, específicas para los jóvenes para adquisición o rehabilitación de viviendas en aquellos municipios con menos de 5000 habitantes y ayudas para el fomento de viviendas en alquiler durante un plazo mínimo de 40 años para personas mayores y para personas con discapacidad. Asimismo, el Plan atribuye la condición de preferentes para la concesión de estas ayudas a determinados colectivos especialmente vulnerables.
En próximos planes, o modificaciones en su caso del actual, habría que valorar la posibilidad de profundizar en los objetivos de esta Estrategia a partir de las actuaciones que ya se están llevando a cabo.
98