Page 96 - OPOSOCIAL - Estrategia_Prev_y_Lucha_Pobreza_2019-23

personas sin hogar.
 Diseñar medidas específicas destinadas a la emancipación de los y las jóvenes.
 Garantizar los suministros básicos (electricidad, gas, agua, comunicaciones) a los hogares con insuficientes recursos.
 Luchar contra la pobreza energética, fomentando el bono social y el bono térmico.
 Promover la rehabilitación las viviendas sin las adecuadas condiciones de habitabilidad.
 Regenerar los espacios urbanos más deteriorados.
 Luchar contra el despoblamiento rural.
Disponer de una vivienda digna y en las adecuadas condiciones de habitabilidad constituye una necesidad de primer orden para garantizar la dignidad humana, y así está reconocido en nuestra Constitución. La vivienda interviene también como uno de los principales factores de riesgo a tomar en consideración a la hora de abordar la pobreza y la exclusión social desde las políticas públicas. El acceso a una vivienda adecuada es un factor clave para la inclusión social, la emancipación y el ejercicio de la ciudadanía. Un alojamiento digno y adecuado no garantiza, por sí solo, la inclusión social, pero sí es una condición indispensable para desarrollar una vida plena participando de las diferentes dimensiones de la vida en sociedad.
Los problemas de acceso a la vivienda afectan de manera particularmente grave a las familias y tienen especial impacto en los menores y en los jóvenes. Existe un estrecho vínculo entre disponer de un alojamiento adecuado y la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida personal y familiar. La privación de una vivienda digna que cumpla unos requisitos óptimos de habitabilidad es, por lo tanto, una de las manifestaciones más visibles de la pobreza y la exclusión social. Los procesos de exclusión social están estrechamente relacionados con el hábitat y el territorio, manifestándose en segregación espacial, un entorno urbano deteriorado y el riesgo de estigmatización social de los residentes en determinadas zonas donde se concentra la vulnerabilidad.
Sea por el pago del alquiler, de la hipoteca, o de los gastos de mantenimiento de las condiciones óptimas de habitabilidad, la vivienda constituye uno de los principales costes que ha de afrontar cualquier hogar. Esta Estrategia pretende hacer frente a la precarización económica que suponen los costes de la vivienda para las familias. Se definen una serie de grupos particularmente vulnerables como objeto prioritario de su actuación, entre los que se encuentran las familias numerosas, las unidades familiares monoparentales con cargas familiares, las personas que hayan sufrido una ejecución hipotecaria previa de su vivienda habitual o que hayan dado su vivienda habitual en pago de deuda, las unidades de convivencia en las que todas las personas integrantes se encuentren en situación de desempleo y hayan agotado las prestaciones, los jóvenes con dificultades para emanciparse, así como las personas sin hogar.
Es importante atender a las personas que se encuentran en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, de manera muy especial aquellas familias con menores a su cargo, tomando en consideración las recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre esta cuestión. La constitución de fondos de vivienda pública para el alquiler social aparece como
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