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Así mismo, está prevista la revisión del sistema de financiación del SAAD en aras de asegurar su sostenibilidad y garantizar la incorporación de las personas pendientes de ser atendidas, bajo los criterios de equivalencia de los esfuerzos financieros de la Administración General del Estado y de las CCAA.
La revisión del SAAD y su sostenibilidad y calidad se hará teniendo en cuenta el proceso de envejecimiento demográfico. De acuerdo con las proyecciones realizadas por el INE, de mantenerse las tendencias actuales, la tasa de dependencia de mayores de 64 años alcanzaría el 41,4% en 15 años y se situaría cerca del 69% a mediados de siglo. Abundar en las posibles soluciones y en la adaptación del sistema a dicho desafío constituye uno de las líneas de actuación contempladas en la Estrategia, en tanto que el incremento futuro de personas dependientes exige nuevas respuestas. Se pretende también de desarrollar el alto potencial del envejecimiento activo; para ello la Estrategia Nacional de Personas Mayores para un Envejecimiento Activo y su Buen Trato (2018-2021), entre otros muchos aspectos, aborda el fenómeno de la soledad y el buen trato a las personas mayores.
Por otra parte, la red de centros de que dispone el Imserso ha sido creada para complementar y reforzar las acciones de las administraciones públicas sin intervenir en sus competencias. Estos centros constituyen una apuesta para potenciar la innovación y mejora de la calidad de los recursos dirigidos a las personas en situación de dependencia.
El sistema debe prestar especial atención a las personas que, por sus especiales características, pueden ser susceptibles de sufrir pobreza y exclusión social. Uno de los programas relacionados con este ámbito de actuación y que deberá ser reformado aprovechando la definición del nuevo Programa Operativo (correspondiente al marco financiero plurianual 2021-2027 de la Unión Europea), es el Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas. Los problemas derivados de su implementación han puesto en evidencia durante los últimos años la necesidad de introducir profundas reformas en su concepción y en la ejecución resultante de la misma. Por una parte, resulta imprescindible que las acciones de acompañamiento se prioricen sobre las propias del reparto de alimentos, en línea con lo que las experiencias y buenas prácticas de otros países miembros han demostrado más efectivas. Por otra parte, resulta imprescindible que estas acciones de acompañamiento se residencien en el Sistema Público de los Servicios Sociales y explícitamente en su Atención Primaria que tiene entre sus prestaciones básicas precisamente aquellas que comprenden el acompañamiento tanto como técnica profesional como una prestación básica del Sistema en sí misma (en ocasiones y según CCAA).
En este marco, el programa debe explorar todas las posibilidades para que la entrega de alimentos se sustituya por otras opciones, como la compra de bienes y/o servicios básicos por parte del propio destinatario final, incorporando sistemas de tarjetas monedero o similares que han demostrado su utilidad en la evitación de estigmatizaciones y victimizaciones secundarias. Dichos recursos podrían utilizarse también para la provisión de ayuda material (como por ejemplo libros y material escolar), la financiación de programas de becas comedor en educación primaria y secundaria para familias sin recursos, o la puesta en marcha de campamentos de verano que incluyan la garantía de una nutrición equilibrada para menores de familias desfavorecidas. Esta Estrategia plantea, por tanto, la adaptación a corto plazo de
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