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de la sociedad a otra religión que no fuera la establecida, en este caso, la religión
cristiana.
Como último concepto, establece la imposición de una apertura de expediente a todo
aquel profesor que impartiera la materia fuera del régimen establecido o que fuera en
contra de él.

Más adelante, aparece la escuela nueva, un conjunto de principios que surgen a
finales del S.XIX, aunque se consolidan a primeros del S.XX como alternativa a la
enseñanza tradicional. Estos principios se basaban en una nueva comprensión de las
necesidades de la infancia. Plantean un modelo educativo completamente diferente
al tradicional, por lo que convierte al niño en el centro del proceso de enseñanza y
aprendizaje, mientras que el profesor deja de ser el punto de referencia para
convertirse en un guía para el niño. También hay un cambio en los contenidos y en la
forma de transmitirlos. Se introducen actividades libres para el desarrollo de la
imaginación y la creatividad, no sirve que el niño solo asimile el contenido, sino que
investigue y descubra acorde con su individualidad.

La educación en la II República proclamaba cambios en sentido progresista con el
fin de crear un proyecto que favorezca el Estado del Bienestar, para ello, se basaban
en los siguientes principios: una escuela única, la gratuidad especialmente en primaria
y secundaria y la obligatoriedad de la enseñanza primaria, la libertad de cátedra y la
laicidad en la enseñanza. También establece que los docentes de la enseñanza
fueran funcionarios y se facilitó a los económicamente necesitados el acceso a la
educación. De la república se destacan cambios que estaban pendientes
anteriormente, como la regulación del bilingüismo, permitiendo que se enseñara la
lengua materna si esta era diferente al castellano y se suprime la obligación de
estudiar religión, aunque esto era opcional.
Además la educación pública favorece la coeducación, es decir, atender las
necesidades de un sexo u otro de manera conjunta.
En cuestiones pedagógicas la escuela pública buscaba que tuviera una clara
conexión con la sociedad, por lo que era necesario la participación de los padres,
creándose la comunidad educativa.
La constitución de 1931 no contenía un apartado dedicado expresamente al ámbito
de la educación, pero sí recogía estos principios básicos. Esto supuso un gran
inconveniente para la Iglesia, porque defendían su derecho a enseñar y el de los
padres a la elección de centros docentes que creyeran adecuados para sus hijos. Se
dio por primera vez una “guerra escolar” entre el Estado español y la Iglesia de Roma.
Finalmente, la constitución fue aprobada y con ella se prohibía tanto impartir clase a
las órdenes religiosas como obligar a los maestros a dar doctrina religiosa en sus
clases.