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Reseña del Primer Congreso Nacional en Seguridad Pública y Sistema Acusatorio

Discurso de apertura

Buenos días integrantes del honorable del presídium, buenos días a todos los funcionarios,

profesionistas, estudiantes que se encuentran en este recinto legislativo, es un verdadero honor
dirigirme a todos ustedes.

Para el Instituto Pericial en Criminología y Criminalística (INPECC) representa un verdadero
orgullo unir esfuerzos con el congreso del estado de Tlaxcala y con la escuela nacional de ciencias

forenses e investigaciones jurídicas para presentar ante la comunidad tlaxcalteca el primer congreso
nacional de seguridad pública y sistema acusatorio. Ciencia & Prueba.

Conocemos la gran trascendencia que ha implicado la reforma constitucional de 2008 en torno
a la justicia penal y seguridad pública, lo que ha traído la llegada de nuevos paradigmas en el

procedimiento penal que hoy es acusatorio y en la seguridad pública que va más allá del tema de
“policías y ladrones” y que debe verse inmersa en aspectos relativos a la política social como prima

ratio y, a la formulación de una política criminológica que tenga como fundamento la prevención.

Tales reformas inscritas en un sistema garante de derecho penal son necesarias para verificar

un ius puniendi que tiene como base el respeto de los derechos humanos, por ello para nuestra

organización, INPECC, resulta necesaria la educación continua que proyecto los elementos
indispensables para abordar este cambio de paradigma y lograr incidir en la prevención y

disminución de las conductas delictivas. Sin duda, esto no es una tarea fácil, menos aún sino
reconceptualizamos el rol que corresponde a cada uno de los operadores de la seguridad pública y

la justicia penal.

por ello, para INPECC es de gran trascendencia conformar una serie de ponencias que

proyecten los elementos que se requieren para sembrar inquietudes y compartir conocimientos
torales para la comprensión y aplicación del nuevo modelo del procedimiento penal acusatorio y de

seguridad pública, para que la reforma constitucional de 2008 y su implementación en 2016 no

quede en buenas intenciones, sino que cumpla con los objetivos de reducir la impunidad y brindar
protección a los más elementales intereses y libertades de los integrantes de la sociedad.

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