Page 10 - Proyecto de sostenibilidad Wayuu - Ana María Fandiño

opciones alimenticias. Y hay un problema cultural: el último en consumir el alimento en orden de jerarquía es el niño, porque el papá es al que primero se le sirve y en mayor porción”.
Pero Matilde López, líder wayuu, insiste: “Aquí hacen los contratos con los operadores sin consultar a las comunidades. Y una vez a la semana reparten una leche de 200 ml y un pan. ¿Sabe cuánto vale ese refrigerio? $4.100”. Basta con ir a una tienda de barrio para comprobar que esa leche vale $500 y el pan $100, es decir, hay un desfase de $3.500.
La prueba de que se hace ese tipo de entrega alimentaria a los niños la encontró El Espectador. La profesora de una ranchería que pidió que no citáramos su nombre por temor a represalias nos mostró la evidencia. “Mire, me quedaron cinco lechitas que no les quise dar a los niños porque les da dolor de barriga. Y este es el pancito”. En esa ranchería hay 50 niños, y entre gestantes y lactantes hay 10.
¿Cuántos años y gobiernos pasarán antes de que los ojos de la Nación se posen sobre La Guajira y le den solución a la crisis humanitaria? No hay respuesta. La líder Matilde López lo resuelve así: “Nuestros indígenas conocen el derecho de sus comunidades, pero no conocen los derechos constitucionales, son analfabetas y por ende no pueden reclamar nada. Los gobernantes han tenido la suerte de tener un pueblo wayuu pasivo. Pero esa pasividad de los indígenas va a llegar a un límite”.
En La Guajira hay más de 3.000 operadores contratados por el ICBF, que se encargan de manejar los programas de asistencia alimentaria. El problema es que no hay auditorías que los controlen. La directora del ICBF afirma que “estamos sacando un decreto para que el aseguramiento de la calidad tenga más dientes y herramientas y para poder ejercer autoridad sobre los operadores que incumplen con sus responsabilidades”. Plazas explica que no hay auditorías porque “para ello es importante tener un buen sistema de información, del cual carece el ICBF en este momento”. Admite que hay corrupción y que “los operadores roban inflando las cifras de los niños que están atendiendo”. La directora dice que el ICBF adelanta un proceso “para ir despolitizando las seccionales” y que van a empezar a abrir nuevos concursos. Asimismo, aumentarán a 75/100 el puntaje requerido para aprobar el examen de ingreso a trabajar en el ICBF, que era de 40/100.