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 Economía de bolsillo
 El voto de confianza y Coquito L
Veamos qué dice la Constitución al respecto. El Congreso puede llamar a losministros para interpelarlos (artículo 131o). No se alude a alguna causa en este artículo. Luego, el Congreso puede censurar a los ministros (artículo 132o). Tampoco se menciona en este artículo una causa. Pero es evidente que, en ambos casos, se debe invocar alguna, que solo puede ser la infracción a una norma constitucional o legal o a varias, ya que quienes ejercen el poder del Estado “lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen” (artículo 45o). En otros términos, deben invocar siempre los artículos de la Constitución y de las leyes que enmarcan sus actos y los que habrían sido infringidos por los funcionarios a los cuales quieren interpelar, censurar o acusar, ya que una función del Congreso es “Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores.” (artículo 102o.2). En tal sentido, las infracciones imputables a los ministros lo son por sus actos como tales, puesto que “Los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrenden.” (artículo 128o), vale decir que responden por los actos correspondientes a sus funciones como ministros. Y esto es coherente con la división de roles de los poderes públicos. El Congreso sólo puede considerar u objetar, de ser el caso, la manera como se cumplen las funciones públicas por las cuales existe el Estado y no otros aspectos personales de los ministros ni lo que pudieron haber dicho o hecho antes de ser ministros. En materia constitucional, la interpretación y aplicación de las normas constitucionales es restrictiva.
Otra congresista se salió del carril al utilizar el tiempo de su intervención para tratar de descalificar al ministro del Interior de quien dijo que seguía ejerciendo el cargo de fiscal ahora que es ministro. Por supuesto tampoco examinó el artículo 126o de la Constitución que dice: “Los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la
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Escribe: Jorge RendónVásquez
Coquito es un simpático libro para familiarizar a los niños con el alfabeto y proveerles las primeras nociones de la civilización en la cual vivimos.
Expectando el kilométrico torneo parlamentario del 26 y 27 de agosto para decidir si le daban el voto de confianza al primer gabinete ministerial del nuevo Presidente de la República, me vino a la mente la necesidad de la existencia de un Coquito constitucional para los congresistas que han hecho elleit motifde su vida entorpecer, complicar, obstruir y, finalmente, tratar de abatir al Presidente.
Sí, un libro de las primeras letras del Derecho Constitucional.
Y ¿por qué?
Porque, la elección de los congresistas no imparte un título habilitante en Derecho Constitucional y porque “Para ser elegido congresista sólo se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido veinticinco años y gozar del derecho de sufragio.” (Constitución, art. 90o; los artículos que cito a continuación son de esta norma suprema). En la práctica, si los candidatos a congresistas no tienen un programa de servicio a sus votantes o, dicho con más propiedad, si lo que quieren es solo ser elegidos, les basta con prometerles el oro y el moro y manipularlos con las técnicas de la alienación. No se les exige ningún conocimiento. Y así se conforma el Congreso, con cierta cantidad de representantes que creen que la recepción de sus credenciales opera el milagro de convertirlos en los máximos exponentes de la sabiduría jurídica.
La maratónica sesión de la semana pasada lo confirma.
¿Qué se trataba?
El presidente del Consejo de Ministros y estos debieron concurrir al Congreso “para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión” (artículo 130o). Exponer y debatir, no aprobar por el Congreso. ¿Por qué? Porque corresponde al Presidente de la República
“Dirigir la política general del Gobierno.” (art. 119o.3) y porque “La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros y a cada ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo.” (artículo 119o). Es obvio que si la dirección de la actividad del Poder Ejecutivo requiriera la aprobación del Congreso de la República, el Poder Ejecutivo perdería su independencia y la dirección de sus actividades pasaría a los congresistas. Pero, entonces, ¿por qué la Constitución ha dispuesto que el Poder Ejecutivo debe exponer su plan de actividades ante el Congreso? No para aprobarlo, ya que la Constitución no le confiere al Congreso esta facultad. Lo ha hecho para que ejerza su función de “Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes” (artículo 102o.2). De modo que si la política general del gobierno pudiera infringir la Constitución y las leyes, tendría que observarla, indicando los artículos de estas normas que podrían ser violentados, y no otorgaría, por eso, el voto de confianza.
Los congresistas de derecha, a coro con los opinólogos, articulistas y propietarios del poder mediático, incluidos los pretendidamente independientes, le atribuyeron al Congreso la facultad de descalificar el plan de gobierno del Poder Ejecutivo y negarle el voto de confianza, como les viniera en gana. Es decir, dejaron la Constitución en el desván de las cosas de deshecho, y se lanzaron al ataque con la ferocidad de los piratas.
No lograron su propósito, ya que el Consejo de Ministros obtuvo el voto de confianza por 173 votos contra 50. Otro tema es indagar las razones por las cuales las bancadas que no son de Perú Libre y Juntos por el Perú apoyaron ese voto.
Picones, algunos congresistas de la derecha recalcitrante anunciaron, entonces, que llamarían a varios ministros para hacerlos censurar, sin duda, porque creen o alguien les ha dicho que poseen la facultad de hacerlo a su antojo.

















































































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