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Grupo de investigación Oralidades, Narrativas Audiovisuales y Cultura Popular en el Caribe Colombiano

dos anteriormente. Todos los habitantes se desplazaron firmemente como un crimen del Estado colombiano.
al municipio de Manaure, y algunos fueron trasladados Estos hechos violentos impactaron en la humanidad,
por el mismo Ejército, que los llevó en camionetas y economía, cultura y ecología de la vereda El Cinco, lo
duraron alrededor de ocho días en la Alcaldía munici- cual les exigió a los pobladores campesinos volver a
pal. Los campesinos abandonaron las tierras, cultivos, reconstruir sus vidas como víctimas y desplazados del
inversiones y posesiones materiales; perdieron las fuen- conflicto armado. Entendemos que en 2006 se dio fin a
tes de empleo, la soberanía alimentaria, y dependieron la producción y comercialización de amapola, cultivo
un corto tiempo de la ayuda institucional. Hay que de uso ilícito que justificó el control y la violencia polí-
mencionar, además, que durante el conflicto armado tica de los grupos insurgentes y las operaciones milita-
se presentó la desaparición del campesino San Salazar, res, lo que en consecuencia provocó el desplazamiento
que era esposo de María Marques, a quién le recomen- forzado de los pobladores a la ciudad y el cambio de
daron no continuar su búsqueda porque debía aceptar identidad campesina como profesional en el trabajo
su muerte. Ricardo Rodríguez también perdió parte de agrícola por la del trabajador informal en la ciudad.
su audición al ser impactado por una mina antipersonal. Además, en ese mismo año, el municipio de Manaure
registró la mayor tasa de homicidios de la primera dé-
Finalmente, la presencia, la confrontación y el asesi- cada de siglo XXI, superando el 60% con un registro 10
nato de cinco campesinos de la vereda se constituyen muertes violentas en 2006 (De la Hoz, 2007).

¿Y qué pasó con la reparación?

La transformación social y la transición política en los evidenciara la usencia de las víctimas en la Justicia
territorios afectados por el conflicto armado exigen la Transicional, al no considerarlas como unidad central
superación del pasado violento, la reconstrucción futu- para la transición política en Colombia. No obstante,
ra de la vida, la reconciliación con los actores armados las dos dimensiones no tienen el mismo reconocimien-
legales-ilegales y la no repetición de los hechos que to y participación en los procesos de transformación de
transformaron drásticamente los modos de vivir de los los territorios. Por eso son distinguidas en la literatura
pobladores. Esa búsqueda del cambio social implica académica como perspectivas de justicia transicional
comprender la justicia transicional como un proceso “desde abajo” y “desde arriba”. “La justicia transicio-
que debería darse en dos dimensiones: primero, so- nal se parece más a un campo de combate entre múlti-
bre aquellas acciones de las familias que reconstruyen ples actores que promueven diferentes construcciones
el tejido social a través de la memoria y fortalecen la discursivas, que a un espacio homogéneo y armónico.
organización local ante la indiferencia de la sociedad Sin embargo, los sujetos sociales no cuentan con igual
colombiana; y segundo, los posteriores mecanismos distribución de poder” (Gómez, 2013, p. 159). Estas lu-
acordados bilateralmente entre el Estado y los grupos chas inacabables son impactadas por el discurso de neu-
armados, para la resolución del conflicto armado desde tralización del terrorismo, que silencian las propuestas
una vía institucional, jurídica y política. de atención a las necesidades locales del territorio y
posicionan los intereses particulares de los gobiernos.
La dimensión comunitaria e institucional se viene dis-
cutiendo luego de que la desmovilización paramilitar Los campesinos de la vereda El Cinco lo han vivido y

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