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Haciendo un análisis de lo que ha sido la historia de la educación en España,
podemos comprobar que el sistema educativo español sufre muchos cambios a
lo largo del tiempo. Estos cambios responden a situaciones políticas, sociales y
culturales que se han ido produciendo a lo largo de nuestra historia y que, a
continuación, trataremos de resumir haciendo un breve recorrido desde el siglo
XIX hasta el XXI.
A principios del siglo XIX, la Revolución Francesa supone el origen de los
sistemas educativos nacionales en Europa. Las tropas de Napoleón invaden
España y esto da lugar a la Revolución liberal. Los liberales plantean una
educación universal, libre y gratuita, alejada del control que la iglesia había
estado manteniendo hasta el momento.
La Revolución liberal tiene como consecuencia legislativa más importante la
aprobación, por parte de las Cortes de Cádiz, de la primera Constitución
(1812). Por primera vez se plantea la necesidad de un Plan de Instrucción
Pública: Se considera que la instrucción de toda la población dará lugar al
progreso del país, al tiempo que supone igualdad entre la ciudadanía, igualdad
que da origen a la libertad. La Constitución de 1812 contempla que la Educación
Primaria sea universal, con escuelas en todos los pueblos y una red de
universidades para la enseñanza de ciencias, literatura y bellas artes. Así mismo,
da lugar a una Dirección General de Estudios, formada por personas instruidas
que tendrán a su cargo a los inspectores de la enseñanza pública.
Llegados a este punto, se hace necesaria la elaboración de una Ley General de
Instrucción Pública para desarrollar y ampliar los principios expuestos en la
Constitución. Así, Manuel José Quintana redacta el conocido Informe Quintana
(marzo 1813) en el que expone una serie de principios básicos a través de los
cuales defiende que la instrucción mejora nuestras facultades, nos enseña
nuestros derechos y obligaciones y nos coloca en la sociedad de una manera
justa al ser la educación universal, pública, gratuita, completa, uniforme y libre.
Durante el llamado Trienio Liberal (1820-1823), tras el pronunciamiento liberal
de Rafael Riego, se aprueba el Reglamento General de Instrucción Pública
de 1821
en el que el Informe Quintana pasa a redactarse como ley y le da carácter legal
a un sistema educativo público y gratuito dividido en primaria, secundaria y
tercera enseñanza.
Pero la vuelta al poder de Fernando VII en 1823 acaba con todas estas
iniciativas. El Régimen Absolutista de Fernando VII supone el final del
Reglamento de Instrucción Pública y la vuelta al Antiguo Régimen, devolviendo
a la iglesia el control del sistema educativo. Además, se centraliza la gestión de
las universidades y hay un control del comportamiento religioso de profesores y
alumnos. Las reformas educativas llevadas a cabo por los absolutistas se
denominan Plan de Calomarde, por ser este quien las llevó a cabo.
En 1933 comienza la regencia de Mª Cristina (viuda de Fernando VII) y con ella
la década liberal. Se aprueba el Plan General de Instrucción Pública de 1936