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PARA CoMPARtIR
CEDAW: instrumento para garantizar los derechos
humanos de las mujeres. Tres décadas en México
El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en
inglés), que enuncia los principios sobre los derechos de las mujeres en todos los ámbitos y la prohibición de todas las
formas de discriminación y de violencia contra las mujeres; además de prescribir las medidas que los Estados deben
adoptar para su cumplimiento.
La CEDAW cuenta con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, integrado por expertas a
nivel internacional en materia de derechos humanos de las mujeres, para dar seguimiento a las acciones de los
gobiernos en los ámbitos legislativo, judicial y administrativo; en 1999, la ONU adoptó el Protocolo Facultativo
mediante el cual el Comité analiza las denuncias por violaciones a los derechos consagrados en la Convención, a través
de un mecanismo de comunicación o de un procedimiento de investigación. En el caso de México, el gobierno federal
firmó el tratado internacional en 1980 y el Senado de la República lo ratificó en 1981. El 15 de marzo de 2002 ratificó
el Protocolo Facultativo.
A 30 años de la entrada en vigor de la CEDAW en México, en marzo pasado la LXI Legislatura de la Cámara de
Diputados, a través de su Comisión de Equidad y Género, y el Instituto Nacional de las Mujeres, llevaron a cabo el Foro
La situación de las mujeres latinoamericanas, con la participación de legisladoras, funcionarias y especialistas sobre los
derechos de las mujeres a nivel internacional.
En ese espacio de discusión se habló de los avances y los retos en materia de derechos humanos de las mujeres y se
coincidió en que el déficit de justicia es un obstáculo para el cumplimiento de la CEDAW. El tema de salud de las
mujeres tuvo un papel relevante en ese foro llevado a cabo en la sede de la Cámara de Diputados, en especial lo
vinculado con sus derechos sexuales y reproductivos, y la mortalidad materna, puesto que los rezagos siguen siendo
considerables.
Foto: Comunicación Social de la Camara de Diputados
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