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GÉNERO Y SALUD EN CIFRAS

Asimismo -además de los obstáculos para acceder a los servicios de salud
que enfrentan- la población indígena, particularmente las mujeres y las que
viven en asentamientos informales afrontan riesgos mucho más elevados de
situaciones de violencia y dificultades para huir de ésta, especialmente durante
el confinamiento. Durante 2015, el 7.1% de las personas usuarias de los refugios
para mujeres en situación de violencia eran hablantes de lengua indígena, de
acuerdo con el Censo de Alojamiento de Asistencia Social de ese año, realizado
por el INEGI.

Por otro lado, al quedarse en casa y colaborar, de esta manera, con la lucha
contra la pandemia, la población LGBTTIQ+ se ven obligada a soportar una
exposición prolongada a miembros de la familia que pueden no aceptarlos, lo
que aumenta las tasas de violencia doméstica y abuso físico y emocional, así
como los daños a la salud mental; por otro lado, de acuerdo con el documento
Recursos contra la discriminación y la violencia por orientación sexual, identidad
o expresión de género en el contexto de la enfermedad COVID-19, numerosas
personas LGBTTIQ+ no cuentan con prestaciones formales de salud por
múltiples razones, entre las que destaca la falta de reconocimiento de los
derechos en materia de seguridad social en parejas del mismo sexo; además,
las personas trans enfrentan altas tasas de desempleo y falta de opciones
laborales que se limitan a profesiones informales y/o de remuneración precaria
o inestable, como son el estilismo y el trabajo sexual. En consecuencia, esta
población a menudo carece de acceso a la seguridad social.

Los retos son muchos y pese a que se continúan realizando planes y acciones
para minimizar los riesgos diferenciales que se presentan por la COVID-19,
la pandemia continúa y es importante reconocer que estas situaciones de
vulnerabilidad eran preexistentes y requieren de acciones conjuntas con la
sociedad y asociaciones civiles para la reducción de brechas de desigualdad en
salud.

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