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El procedimiento se inicia con el fin de que el juzgado mediante sentencia judicial adopte las medidas de apoyo y protección, que de acuerdo con las circunstancias concretas, pueda necesitar la persona para el ejercicio de su capacidad jurídica, por ello revisará y valorará su capacidad de auto-gobierno en la esfera personal, medica y patrimonial.
El Juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia de la persona será competente para el conocimiento de este expediente, con asistencia de abogado y representadas por procurador si no son defendidas por el Ministerio Fiscal, debiendo en su caso solicitar justicia gratuita antes de la iniciación del procedimiento si la persona tiene derecho a ella. La declaración de modificación de capacidad judicial compete el Juez licitará que se le nombre un defensor judicial que le represente en el juicio.
Las pruebas que se practican en el proceso básicamente son:
 Prueba Documental: consistente en los documentos que en su día se aportaron con la demanda, para acreditar la limitación de capacidad: certificado literal de nacimiento, informes médicos, informes sociales, certificado de discapacidad; y cualquier otro que pueda tener relevancia para decidir sobre la incapacitación.
 Audiencia de los parientes más próximos: que serán preguntados sobre la situación de ésta persona, y sobre quién consideran idóneo para ejercer las funciones de tutor o curador.
 Exploración de la persona por el médico forense: que emitirá un Informe sobre la enfermedad o limitaciones que presenta el interesado, y la incidencia de estos padecimientos en su capacidad de obrar.
 Examen de la persona con capacidad legal presuntamente limitada por el Juez: que antes de decidir sobre la modificación de la capacidad judicial, se entrevistará con el interesado formándose una primera opinión sobre su estado.
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