Page 74 - OPOSOCIAL - Estrategia Nacional contra la pobreza energetica 2019-2024

de la Organización de Naciones Unidas, de 10 de noviembre de 1975) establece el derecho de uso de la electricidad, debiendo los Estados garantizar el disfrute de la energía eléctrica como avance científico y técnico, a través de las medidas normativas correspondientes.
Regimen juridico de la pobreza energetica en la UE
El tratamiento de la pobreza energética en España debe enmarcarse en el marco normativo que regula esta materia en el ámbito europeo.
A nivel europeo, tanto la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE, como la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE, son las normas jurídicas fundamentales que establecieron las bases normativas para la lucha contra la pobreza energética, impulsando a los Estados miembros a la lucha contra la pobreza energética y su impacto social, con el fin de reducir el número de personas que padecen dicha situación e inspiraron un enfoque integrado con la política social para garantizar el suministro de energía necesario para los clientes vulnerables.
De las citadas Directivas se pueden destacar una serie de cuestiones en el ámbito de la pobreza energética.
En definitiva, el cumplimiento de los requisitos de servicio público es una exigencia fundamental de las Directivas citadas, que reforzaron las obligaciones de servicio público para asegurarse de que todos los consumidores, en particular los vulnerables, puedan beneficiarse de la competencia y de precios justos.
Desde entonces, la Comisión Europea ha elaborado y adoptado una serie de iniciativas de política energética sectorial, en particular en lo que se refiere a la eficiencia energética, incluida la eficiencia energética de los edificios que se incluye en los vectores transversales de la política energética de la Unión Europea: prioridad de la eficiencia energética, el liderazgo mundial de la Unión en energías renovables y un trato justo para los consumidores de energía, también mediante la lucha contra la pobreza energética y el fomento de la competencia leal en el mercado interior
El nuevo Paquete “Energía limpia para todos los europeos” incorpora de manera novedosa, entre otros aspectos, las obligaciones de evaluación y seguimiento del número de hogares en situación de pobreza energética en cada contexto nacional. Así, el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima (base legislativa para asegurar el logro de los objetivos generales y objetivos específicos de la Unión de la Energía para 2030), determina la necesidad de establecer objetivos nacionales indicativos de reducción de pobreza energética dentro de los planes naciones integrados de energía y clima de los Estados miembros, que deberán evaluar el número de hogares que se encuentran en esta situación, incluyendo un calendario de los plazos de cumplimiento de dichos objetivos.
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