Page 76 - OPOSOCIAL - Estrategia Nacional contra la pobreza energetica 2019-2024

Dentro de las modificaciones de la Directiva 2018/844, se hace referencia a los incentivos financieros para la mejora de la eficiencia energética, ya que Estados miembros deberán vincular el incentivo al ahorro de energía logrado o previsto en base a una serie de criterios, como por ejemplo los resultados de una auditoría energética o la comparación de los certificados de eficiencia energética expedidos antes y después de una reforma.
Normativa interna
Como se ha explicado anteriormente, el régimen jurídico de la pobreza energética en España tiene su fundamento en la normativa de la Unión Europea, así como en los Tratados sectoriales en los que el Reino de España sea parte contratante.
En Constitución española de 1978 no hay una referencia al derecho a la energía como derecho fundamental ni tampoco en la categoría de derecho de los ciudadanos. No obstante, en el capítulo III del Título I, “De los principios rectores de la política social y económica” se reconoce el derecho a la energía de forma implícita en el artículo 47, que reconoce el derecho a gozar de una vivienda digna y adecuada, o en el artículo 43.1 que establece el derecho a la protección de la salud
Desde un punto de vista regulatorio, España ha avanzado en el cumplimiento de los requisitos de protección al consumidor recogidos en la normativa europea, que pasan por garantizar que todos los beneficiarios de precios regulados puedan acogerse plenamente, cuando lo deseen, a las ofertas del mercado abierto a la competencia; dispongan de sistemas de medición inteligente y tengan acceso a contratos de electricidad con precios dinámicos; reciban información directa y regular sobre las ofertas y ventajas económicas disponibles en el mercado abierto a la competencia, en particular en lo relativo a contratos de electricidad con precios dinámicos; puedan comparar ofertas entre distintos suministradores; se facilite a los clientes finales elementos informativos en las facturas o en los documentos que las acompañen; se proporcione de manera regular información exacta sobre la facturación basada en el consumo real y facilitada por contadores inteligentes.
No obstante, debe continuarse en la senda de garantizar una base sólida que garantice plenamente los derechos básicos del consumidor final, en los aspectos mencionados y en otros como la resolución rápida y eficaz de conflictos alternativos.
La normativa de la Unión Europea incide en la vital importancia de que los Estados miembros adopten las medidas necesarias para proteger a los consumidores vulnerables y en situación de pobreza energética en el contexto del mercado interior de la electricidad, garantizando su suministro de energía. Dichas medidas pueden diferir en función de las circunstancias concretas de cada Estado miembro, y podrán incluir medidas de política social o energética relacionadas con el pago de las facturas de electricidad, inversión en la eficiencia energética del sector residencial o protección de los consumidores, como salvaguardas contra la desconexión.
Y es que los servicios energéticos son fundamentales para salvaguardar el bienestar de los ciudadanos de la Unión. La calefacción, la climatización y la iluminación adecuadas, así como
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