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Como han puesto de relieve muchos estudios académicos, de organismos internacionales y recientemente el Informe sobre España del Semestre Europeo de 2019, la capacidad de las transferencias monetarias para reducir la pobreza en nuestro país se sitúa entre las más bajas de la Unión Europea. Las transferencias sociales reducen el riesgo de pobreza un 23,9%, 8,5 puntos por debajo de la media de la UE, y solo 17,7% el riesgo de pobreza infantil, 20,4 puntos menos que esa media europea. Esta escasa eficacia correctora refleja en parte la baja cobertura y la inadecuación de los sistemas de garantía de ingresos, y en particular, de las prestaciones familiares. A finales de 2018, en España existían 593 mil hogares sin perceptores de ingresos.25 En 138 mil de esos hogares vivían menores.
Esta Estrategia apuesta por poner en marcha un Ingreso Mínimo Vital (IMV) estatal que asegure a las personas en situación de necesidad un nivel mínimo de renta a lo largo del ciclo vital ante posibles contingencias. El desarrollo de dicho programa tendrá en cuenta las conclusiones de los distintos estudios sobre esta política, como el Proyecto Progress “Revisión de los sistemas de ingresos mínimos en España desde la perspectiva de su efectividad”26, o las conclusiones que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) propondrá en relación a la Iniciativa Legislativa Popular para la creación de una prestación de ingresos mínimos dentro del sistema nacional de la seguridad social.27 Se pretende con ello avanzar decisivamente en la ordenación y racionalización de los programas de garantía de ingresos de las personas sin rentas de trabajo que no disfrutan de prestaciones contributivas de desempleo.
La finalidad del IMV es dotar de un nivel mínimo de ingresos en todo el territorio del Estado que evite situaciones en que la falta de ingresos, o la inadecuación de éstos, provoque costes familiares y sociales irreversible (impagos, privaciones, etc.), sin menoscabo de que ese ingreso pueda complementarse con otros programas de garantía de rentas que establezcan las CCAA en el ejercicio de sus competencias. Se enmarca dentro de la obligación del Estado de articular una política de garantía de rentas ante situaciones de necesidad, reconocida en el artículo 41 de la Constitución. Este sistema debe ser lo suficientemente flexible para llegar a todas las personas que verdaderamente lo necesitan y evitar la aparición de situaciones de dependencia que puedan derivar en trampas de la pobreza. Para ello debe articularse con políticas públicas tendentes a conseguir la integración social en el contexto de un elenco más amplio y coordinado de medidas de prevención y lucha contra la pobreza. Las políticas de activación para el empleo deben jugar un papel determinante en la integración laboral y la reducción del
25 Se trata de hogares en que ninguno de sus miembros declara tener trabajo, recibir una pensión de jubilación o de otro tipo o percibir subsidio de desempleo, estén inscritos o no como demandantes de empleo.
26 El proyecto se incluye dentro del Programa para el Empleo y la Innovación Social de la UE destinado a favorecer la innovación social cuya hoja de ruta se ha presentado a la Comisión Europea. En la misma se describen diferentes medidas derivadas de las conclusiones del estudio que ya están en marcha, como evaluar para mejorar los sistemas de información existentes o en fase de implementación (SISPE, SIUSS, Registro de Prestaciones, Tarjeta Social Universal), reordenar los subsidios estatales por desempleo y otras iniciativas, todas ellas enfocadas a mejor el sistema de ingresos mínimos.
27 Iniciativa presentada ante el Congreso de los Diputados por Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras. El Gobierno, a través de los Ministerios de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, mediante acuerdo de 2 de marzo de 2018, encargó a AIReF la elaboración de dicho Informe.
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