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Bajo estas premisas, la presente Estrategia pone el acento en la necesidad de desarrollar políticas de empleo inclusivas que tengan como objetivo que las personas más vulnerables logren un empleo de calidad, que les permita vivir en unas condiciones dignas y desarrollarse desde el punto de vista profesional y también personal. Se promoverán políticas eficaces que logren la inserción laboral de estos grupos vulnerables, reforzando el trabajo conjunto entre los servicios sociales y los servicios de empleo garantizando la búsqueda activa de empleo de las personas desempleadas o con empleos precarios, potenciando la movilidad laboral y funcional como uno de los mecanismos de prevención frente al desempleo. Se tratará de mejorar su empleabilidad con la participación en itinerarios personalizados de inserción, en acciones de orientación profesional en las transiciones de empleo y priorizando la participación de las personas con mayor riesgo de exclusión social en las políticas activas de empleo y de mejora de la cualificación, desarrollando programas específicos para mujeres en riesgo de exclusión, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas (familias monomarentales), inmigrantes, mayores de 45 años y mujeres de etnia gitana, jóvenes extutelados o jóvenes que se incorporan a la actividad agraria, entre otros colectivos en situación de particular vulnerabilidad.
Se prestará particular atención a las condiciones laborales derivadas de los contratos para la formación y aprendizaje, con particular atención a las actividades formativas y los contratos en prácticas, con objeto de evitar la precarización del empleo ofrecido a los colectivos en riesgo de exclusión del mercado laboral que participen en los mismos.
Se dará también apoyo a las iniciativas de la economía social y, en especial, al emprendimiento social por su importante impacto en la resolución de los problemas sociales y como vehículos de inserción laboral de perfiles más vulnerables, como es el caso de las empresas de inserción y los centros especiales de empleo de iniciativa social.
Aprovechando las oportunidades que el trabajo por cuenta propia y el emprendimiento ofrecen en un entorno donde la forma de concebir el trabajo está cambiando, esta Estrategia contempla también el apoyo a las iniciativas de emprendimiento. Con tal fin, se propone el desarrollo de acciones para fomentar la iniciativa empresarial, el trabajo autónomo de calidad y la economía social, dando cobertura al servicio de asesoramiento para el emprendimiento de la cartera común de servicios. El emprendimiento femenino también es uno de los elementos a trabajar desde diversos programas específicos.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, sobre Contratos del Sector Público incorpora por primera vez la obligación de cumplir con ciertas cláusulas sociales para acceder a los contratos de las administraciones públicas, tales como la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social o con discapacidad, la tutela específica de condiciones dignas de trabajo, el fomento de la economía social y solidaria, la consecución de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral o el fomento del comercio justo/consumo ético.
Un mercado de trabajo inclusivo necesariamente pasa por luchar contra toda forma de discriminación en el ámbito laboral por razón de edad, sexo, discapacidad, identidad y expresión de género, orientación sexual, origen étnico o religión. La Estrategia tiene en cuenta
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