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este importante reto social para que todas las personas tengan las mismas oportunidades. En este sentido la lucha frente a la desigualdad salarial y otras formas de discriminación por razón de género constituye uno de sus ejes centrales.
3.3. META ESTRATÉGICA 3. PROTECCIÓN SOCIAL ANTE LOS RIESGOS DEL CICLO VITAL
Junto a los programas de lucha contra la pobreza y las políticas educativas y formativas orientadas a la inversión social anteriormente señaladas, el conjunto de programas de protección social que constituyen el Estado de Bienestar español contribuyen a afrontar los riesgos sociales asociados a las diferentes etapas del ciclo vital, atenuando las consecuencias de las situaciones de adversidad económica y otras situaciones de necesidad. Este conjunto de programas, propio de un régimen de bienestar de tipo mediterráneo fuertemente basado en el papel de las familias en todo lo relacionado con los cuidados, se encuentra ante una serie de importantes retos derivados de los profundos cambios experimentados por la sociedad en los últimos años. Las familias encuentran cada vez mayores dificultades para asumir estas responsabilidades, lo cual implica alcanzar nuevos equilibrios en la actuación de las administraciones públicas, el mercado y la sociedad civil para hacer frente al déficit de cuidados que pone en cuestión las relaciones de solidaridad intergeneracional.
Ante esta tesitura, el Estado debe recalibrar el sistema de protección social, asumiendo una mayor responsabilidad en los servicios personales para dar solución a los desafíos derivados de los Nuevos Riesgos Sociales (NRS), particularmente en relación a la atención a la dependencia, el cuidado infantil, la participación laboral femenina y la conciliación de la vida laboral y familiar, el respaldo económico a las familias con hijos, o la emancipación residencial de los jóvenes, aspectos tradicionalmente desatendidos por nuestro sistema de protección social y que afectan de modo particularmente grave a las poblaciones en situación vulnerable.
Se pretende reforzar los ámbitos clave de la protección social como la sanidad, las políticas de apoyo a los menores y las familias, los servicios sociales, la atención a la dependencia, la vivienda y las políticas urbanas que permitan a las personas estar protegidas ante los riesgos sociales que aparecen a lo largo del ciclo vital, garantizando los derechos sociales de las personas en un entorno de cambios acelerados en la economía, las relaciones y estructuras sociales, así como en los valores y expectativas ciudadanas.
Como paso anterior para alcanzar estas metas y poder impulsar la inclusión e integración social de determinados colectivos vulnerables está el de garantizar el acceso universal a determinados servicios, entre los que se encuentran los servicios financieros básicos.
En este sentido, garantizar el acceso universal y gratuito a cuentas de pago básicas, con unos mínimos servicios financieros asociados, a aquellas personas en situación de vulnerabilidad y que están excluidas del sistema financiero, contribuirá a promover la reducción de la pobreza y de la desigualdad. En concreto, el acceso a estos servicios facilitará que este colectivo pueda
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